La informalidad popular y la sociología de la insurrección

No se necesita ser progresista para comprender que detrás de la violencia luego del golpe fallido de Castillo existen siglos y décadas de marginación del sur, desde la Independencia hasta nuestros días (no sucedió así en el Virreinato, más allá de Túpac Amaru). Sin embargo, hay que ser un religioso progresista para negar el contenido insurreccional de la violencia, que se propone derribar el Estado de derecho mediante el bloqueo de carreteras para desabastecer a las ciudades, que desarrolla acciones de guerra convencional mediante el ataque y destrucción de aeropuertos, que promueve el ataque de comisarías y destrucción de activos públicos y privados.

La trágica y lamentable muerte de 45 peruanos es el eje del debate. Como los progresistas niegan la insurrección en contra de la Constitución y el Estado de derecho, entonces, la muerte de peruanos se explica por el “exceso de las fuerzas de seguridad”. Sin embargo, una vez más la informalidad legal, como gran protagonista del siglo XX y del XXI en la sociedad peruana, resolverá este debate de vanguardias comunistas y progresistas mesocráticas. La violencia tiene un contenido insurreccional, expresa una estrategia de poder soviética contra el Estado de derecho, porque los mercados emergentes e informales del Perú ya se organizan contra la violencia que cierra mercados y destruye la economía familiar.

Si los intentos de bloquear carreteras y mercados prosiguen, los sectores emprendedores, las micro y pequeñas empresas (mypes), las familias, se organizarán en sistemas de autodefensa que, simplemente, aplastarán a las milicias comunistas. No existe la menor duda de que algo parecido sucederá en las ciudades del Cusco, Puno y Juliaca, que albergan más del 60% de la población en ambas regiones. 

Sin embargo, es necesario preguntarse sobre cuál es la base social de la violencia insurreccional, el agua sobre la cual nadan los peces comunistas del Movadef y los núcleos del eje bolivariano. Es evidente que las comunidades campesinas de las zonas altas de los Andes, el área rural menos urbanizada y, por lo tanto, la más excluida de los beneficios del crecimiento y del modelo en general. De allí los camiones que transportan comuneros a las ciudades andinas. 

Ante la respuesta contundente de las ciudades y los mercados emergentes del sur frente a la violencia que bloquea carreteras, cierra mercados, destruye el turismo, quiebra las mypes y los negocios familiares, las vanguardias comunistas renuncian a Puno, Juliaca y Cusco, y ahora avanzan por los bordes hacia Lima. Es decir, la base principal de la movilización representa el 15% o 20% de la población nacional. 

La informalidad, pues, es el gran actor en contra del proceso insurreccional de las vanguardias comunistas. Sin embargo, la extendida informalidad en la sociedad y los mercados del sur también nos dice que los ciudadanos que se oponen a la violencia del radicalismo extremista no parecen muy entusiasmados en la defensa de la Constitución y el Estado de derecho. Se oponen a la violencia actual porque ella no les permite trabajar.

La mayoría informal entonces está en contra de una formalidad que convierte al Estado en uno de los principales enemigos de los negocios y los emprendimientos a través de sobrerregulaciones inaceptables, el cobro de impuestos confiscatorios y la ausencia total de servicios públicos. Por la misma razón –es decir, por bloquear sus negocios– los emergentes están organizándose para enfrentar al radicalismo comunista.

Por todas estas consideraciones, luego de la derrota la violencia insurreccional, el Perú no puede seguir siendo el mismo. El Estado, el Gobierno central, la costa, deben trasladarse al sur y recoger las demandas de los mercados emergentes que reclaman un nuevo Estado, uno más amigable y cercano con la sociedad; un Estado que invierta adecuadamente los más de S/ 10,000 millones aportados por la minería en canon en el 2022 en servicios de agua y alcantarillado, en electrificación, en escuelas y postas médicas.

En la informalidad está, pues, el problema y la posibilidad –parafraseando al gran Basadre– de un Perú diferente, de un Perú inclusivo.