La guerra institucional y la anarquía política

Las disputas entre diversos sectores del Ministerio Público, que se expresan en investigaciones de enorme impacto mediático, comienzan a atravesar todo el sistema político, incluyendo al Ejecutivo, al Congreso, al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial. Todo el sistema institucional empieza a ser jaloneado por investigaciones, acusaciones y excomuniones que tocan los vértices del poder. 

En este contexto, en la medida en que este tipo de libretos se viene desarrollando desde varios años atrás, la ciudadanía permanece distante e indiferente, al margen de que los sondeos de opinión registren las más altas desaprobaciones del Ejecutivo y el Congreso. Una de las cosas que más sorprende a los analistas es que la gente no se movilice –tal como sucede en Colombia, por ejemplo– y casi no crea en ninguno de los cruzados que emergen en la lucha contra la corrupción, sobre todo porque todos los adalides anticorrupción de las últimas décadas han terminado con los mismos problemas. 

En resumidas cuentas en el Perú las instituciones tienen las más altas desaprobaciones de los últimos tiempos, y las entidades del sistema de justicia se han convertido en el centro de la lucha por el poder. El llamado sector progresista pretende seguir manejando el Estado a través del control de instituciones y una amplia alianza en el Congreso intenta desmontar el control institucional progresista para cancelar la brutal judicialización de la política, que ha afectado por igual a las derechas e izquierdas que ganan elecciones.

El sector progresista, como parte de su estrategia de poder, pretende construir fábulas y narrativas en contra del ejercicio de las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso e instaurar un sistema de gobierno, controles y balances institucionales, basados en los amparos de instancias inferiores de la Judicatura que, incluso, ignoran las competencias que la Constitución establece para el Tribunal Constitucional.

¿Qué está sucediendo en el Perú? La respuesta parece ser simple. En el país se ha instaurado la anarquía política porque no parece existir un centro del poder político, vital para el funcionamiento de cualquier sistema republicano. Si han existido seis jefes de Estado en los últimos cinco años, se han procesado dos vacancias presidenciales en el Legislativo, y se han producido dos golpes de Estado (cierre inconstitucional del Congreso y golpe de masas contra Manuel Merino), ¿por qué el desenlace nos extraña? Es evidente que se ha pulverizado el poder político del Ejecutivo. La figura del presidente de la República, el máximo magistrado del sistema democrático, en la práctica, no parece existir.

El poder político del jefe de Estado, por otro lado, ha sido parcialmente reemplazado por el Congreso, debido a la fragmentación política de las bancadas –promovida por las reformas progresistas– y la falta de criterios ideológicos y programáticos de las bancadas de la centro derecha. En otras palabras, se pulveriza el centro del poder, pero no surge otro en reemplazo. En este contexto, la brutal polarización se tramita a través de las guerras institucionales y los constitucionalistas progresistas –que sacan conejos y palomas del sombrero ignorando la letra y la hermenéutica del texto constitucional–, lo que contribuyen a generar la idea de que todo es relativo, de que todo es posible en la Constitución. De esta manera, por ejemplo, el cierre inconstitucional del Congreso puede convertirse en “un acto republicano y democrático”.

A nuestro entender, existen dos maneras de superar esta anarquía. La democrática y republicana pasa por preservar a cualquier costo la institucionalidad y los cronogramas constitucionales, de manera que el 2026 se desarrollen elecciones que puedan ser aceptados por todos los sectores democráticos de la sociedad. Ese camino obliga al actual Congreso, pese a desaprobaciones y mochasueldos, a llenar el vacío de poder que deja la pulverización de las instituciones. En otras palabras, el Legislativo debe erigirse como el poder político de la República y eso significa que de ninguna manera esta institución debe aceptar que se bloqueen las funciones exclusivas y excluyentes del Legislativo establecidas por la Constitución.

El otro camino es el de la aventura y el salto al vacío que propone el progresismo: adelantar las elecciones a tontas y locas, dejando intacto el sistema institucional que nos empujó a esta tragedia y que, finalmente, explica la elección de Pedro Castillo, el peor candidato de la historia republicana. Semejante criterio solo desnuda una estrategia del poder por el poder, revela la desesperación de los sectores que no ganan y parece que nunca ganarán elecciones.