La fábula de los “Derechos Humanos” para respaldar a la violencia

Si la supuesta tercera toma de Lima tiene algún nivel de repercusión solo se explicará por la campaña militante del progresismo, de las oenegés de izquierda y de las corrientes comunistas y bolivarianas sobre una “supuesta defensa de los Derechos Humanas frente a la violencia desproporcionada del Estado”. Una campaña que, sorprendentemente y de manera inexplicable, se amplificó en los medios de comunicación. 

Sin embargo, en las provincias y distritos del interior, sobre todo en los del sur, el respaldo a las convocatorias del Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef), Fenatep, Conul y otros cascarones creados para la ocasión es prácticamente nulo. El motivo: la recesión económica que enfrentan las regiones y provincias afectadas por las olas de violencia del verano pasado.

La supuesta tercera toma de Lima existe entonces por una campaña de prensa y propaganda muy bien organizada. Uno de los ejes de esta campaña ha sido la propaganda de las oenegés de Derechos Humanos, a nivel nacional e internacional, la CIDH y sectores de la prensa progresista mundial acerca de que el Estado peruano violó los Derechos Humanos. El argumento que se presenta es la lamentable muerte de más de 60 peruanos, y se señala a las fuerzas de seguridad como los directos responsables. Sin embargo, cuando grupos de civiles organizados desarrollan acciones de violencia y atacan aeropuertos, comisarías, edificios del Estado, del Ministerio Público, del Poder Judicial, fábricas del sector privado y bloquean carreteras con el fin de quebrar la producción, ¿quiénes son los primeros responsables? Las fuerzas de seguridad que –por mandato constitucional– defienden la Constitución y el Estado de derecho o las vanguardias y milicias comunistas y radicales que desarrollan virtuales acciones militares en contra de las fuerzas del orden.

Una de las cosas más cínicas y deplorables es que los sectores que pretenden señalar a las fuerzas armadas y la policía nacional (PNP) como responsables de las muertes son quienes proponen la caída del Ejecutivo, el cierre del Congreso y la instalación de una asamblea constituyente. Es decir, las corrientes comunistas, colectivistas y del eje bolivariano que arguyen defender la vida sobre cualquier circunstancia, no obstante que se adscriben a la ideología que en el siglo XX produjo las mayores masacres de la historia de la humanidad: en el comunismo se asesinó a más de 100 millones de personas.

Ante semejante argumentación es hora de recuperar la ofensiva ideológica en el debate. Y vale subrayar que la defensa de la vida y la vigencia plena de los Derechos Humanos solo son posibles en un sistema: el Estado de derecho o el sistema republicano. Es decir, solo son posibles en el sistema del gobierno de las instituciones que controlan el poder mediante el equilibrio y el contrapeso entre ellas. Durante la modernidad el comunismo y el fascismo pretendieron superar el Estado derecho invocando la igualdad absoluta o la primacía de la nación, y el resultado solo fueron océanos de sangre y de muerte.

Nuestras gloriosas fuerzas armadas y PNP durante las oleadas de violencia insurreccional del verano pasado defendieron con la vida el Estado de derecho. Si no lo hubiesen hecho, hoy se habría instalado una constituyente y avanzaríamos hacia un régimen en el que se asesine y viole los Derechos Humanos de manera industrial.

Cuando aceptamos el razonamiento del progresismo y de las corrientes comunistas, que pretenden sindicar a las fuerzas de seguridad como responsables de las lamentables de muertes de peruanos, en realidad, estamos exculpando a los núcleos comunistas y las vanguardias que atacan aeropuertos y comisarías con el objeto de establecer muertes y cuotas de sangre como parte de la estrategia de acumulación revolucionaria. También fisuramos la moral de las fuerzas del orden y, de una u otra manera, alentamos a que los núcleos radicales avancen con libertad hasta quemar el Congreso e instalar una asamblea constituyente.