JNJ: ¡Salvo el poder todo es ilusión en las instituciones!

Se acaba de elegir a los nuevos miembros titulares y suplentes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), siguiendo a pie juntillas los procedimientos establecidos por el gobierno de Martín Vizcarra y la reforma progresista que se consagró luego del referendo que el Ejecutivo le impuso al Congreso, tal como sucede en los regímenes bolivarianos. ¿Por qué es necesario hacer este subrayado? Porque en las democracias longevas, en los sistemas republicanos (Estados Unidos o Reino Unido) las reformas constitucionales son funciones exclusivas y excluyentes de los legislativos, como medida previsora para evitar que un jefe de Estado utilice los recursos públicos para promover reformas que lo perpetúen en el poder.

Vizcarra, aprovechando un respaldo circunstancial, le impuso al Congreso de entonces –antes de cerrarlo de manera inconstitucional– un referendo que no solo destruyó el sistema político sino que también estableció el sistema de elección de la nueva JNJ y los respectivos procedimientos. Siguiendo la tradición desarrollada luego del velasquismo, la conformación de la comisión especial encargada de seleccionar a los miembros de la JNJ –luego de referendo progresista– se alejaba del poder político (es decir ni el Ejecutivo ni el Congreso tenían que ver con el tema). 

Como se sabe, la mencionada comisión especial está integrada por el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (en representación de las universidades públicas) y el rector de la Universidad Ricardo Palma (en representación de las universidades privadas).

Es sobre la base de este universo institucional que se ha procedido a seleccionar a los miembros titulares y suplentes de la nueva JNJ. Sin embargo, el progresismo nacional, el llamado sector caviar y las oenegés de izquierda pretenden desconocer el proceso de selección que acaba de culminar y, al hacerlo, niegan todo el entramado constitucional que ellos mismos han construido.

En ese sentido se acaba de anunciar audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la idoneidad del proceso de selección de los nuevos miembros de la JNJ. Siempre nos seguiremos preguntando de dónde sacan tanta osadía algunos miembros del Sistema Interamericano de Justicia para justificar su intervención en los asuntos soberanos del Estado peruano. ¿Qué argumento es el que los lleva a pensar que pueden seguir tratándonos como una colonia progresista en la que no importan los mandatos de la Constitución, las leyes nacionales ni el sufragio de los peruanos?

No hay un solo artículo en el Pacto de San José que justifique tan grosera intervención dentro de nuestra institucionalidad, sobre todo tratándose de un sistema de elección en el que participan casi todas las instituciones tutelares del Estado, exceptuando los poderes elegidos mediante sufragio popular.

Si el propio progresismo desconoce el sistema institucional y el modelo de elección que creó, entonces, estamos ante una fuerza, ante una corriente a la cual la institucionalidad le interesa, como se dice, un comino. Según los progresistas la institucionalidad solo sirve cuando se ratifica su estrategia de poder, cuando se cumple el viejo aserto leninista acerca de que salvo el poder todo es ilusión.