Entre el salto al vacío y la demanda de reformas mínimas

Cada día se acumulan las denuncias en contra de diversos congresistas por asuntos que desatan la legítima irritación nacional. Con cada imputación la aprobación del Congreso continúa en su caída libre. De pronto, surge la tentación de saltar hacia adelante: es decir, repetir el mismo libreto que nos ha llevado a tener cinco jefes de Estado fuera de los cronogramas constitucionales y convertirnos en uno de los países con más volatilidad en la región.

Sin embargo, ¿cuál es la única explicación de todos los yerros que se acumulan en el Congreso? A nuestro entender, el referendo convocado durante la administración Vizcarra destruyó todo lo bueno que existía en el sistema político, cuando se prohibió la reelección de los parlamentarios y se negó la posibilidad de instalar un Senado, el sistema bicameral. A partir de ese referendo la calidad de la representación parlamentaria, se puede sostener, ha avanzado de mal a peor.

Sin embargo, para ser justos con los hechos, el actual Congreso no solo debe convocar desaprobaciones. Finalmente, debemos recordar que gracias a la mayoría democrática del Congreso se detuvo de la asamblea constituyente de Pedro Castillo y del eje bolivariano, se evitó que se disolviera el Congreso con interpretaciones absurdas sobre la confianza –se aprobó una nueva ley acerca del tema–, se evitó el referendo populista sobre la propia constituyente y si se eligió un nuevo Tribunal Constitucional comprometido con la constitucionalidad. En otras palabras, gracias al actual Legislativo evitamos un régimen totalitario de varias décadas y podemos seguir respirando libertad.

En este contexto, más allá de las desaprobaciones y denuncias, y en la medida que el Ejecutivo y el Congreso se inclinan a respetar la Constitución de 1993, lo correcto es que ambos poderes culminen los periodos constitucionales hasta el 2026. A nuestro entender es una manera de detener la tendencia autodestructiva del sistema republicano que se expresó en la disyuntiva entre la vacancia presidencial y la disolución del Congreso, que nos llevó a procesar dos golpes de Estado (el cierre inconstitucional del Congreso y el golpe de masas en contra del Gobierno de Merino), y a tener cinco jefes de Estado fuera de los periodos constitucionales. Una tendencia autodestructiva que, incluso, ha comenzado a erosionar el modelo económico con bajas tasas de crecimiento y la evidente imposibilidad de seguir reduciendo la pobreza.

En ese contexto es evidente que un eventual adelanto de elecciones, como se dice, es organizar una fuga hacia adelante. Y sobre todo es un incuestionable salto al vacío, considerando la ausencia de alternativas democráticas y la evidente balcanización de las fuerzas democráticas.

Por todas estas consideraciones, lo que se ajusta al mandato de la Constitución, lo que aconseja el buen análisis político, es que las instituciones culminen sus periodos constitucionales, pero logren plasmar un paquete de reformas mínimas para enfrentar el deterioro del sistema democrático. En el terreno político está la reforma de la bicameralidad y la derogatoria de la prohibición de la reelección de los parlamentarios. Igualmente están las urgencias de simplificar el Estado sobrerregulador (para liberalizar las iniciativas de la sociedad y el sector privado), las reformas tributaria y laboral, y las transformaciones de los sistemas educativos y de salud. Asimismo, relanzar todo el plan de inversiones en infraestructuras.

Ante la nueva disyuntiva que parece avecinarse por la desaprobación de las instituciones –es decir, ante la disyuntiva del adelanto electoral y un plan de reformas mínimas–, es evidente que los peruanos de buena voluntad se pronunciarán por las reformas. Sin embargo, para que se avizore una luz al final del túnel se requiere que el Ejecutivo y el Congreso se decidan a materializar las reformas.