El narcotráfico y la naturaleza del crimen organizado

El narcotráfico en América Latina es la gran transnacional del delito que ha organizado sistemas de producción, de acopio, y zonas de exportación de la droga hacia Estados Unidos y Europa. Una de las características del narcotráfico es que promueve la creación de corredores del delito a través de diversas economías ilegales –minería ilegal, extorsión, prostitución y otras– en los países latinoamericanos, con el objeto de organizar rutas que conecten las zonas de producción de la droga con las áreas de envíos a los principales mercados de consumo.

El desborde criminal en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, de una u otra manera, tiene que ver con el negocio multimillonario de la droga. Cuando una organización criminal toma el control de un puerto, de una provincia, de una actividad económica en una ciudad (el transporte, por ejemplo), ha creado una zona liberada de la constitución del país y, por lo tanto, ha organizado un corredor del delito. De esta manera, la droga de las zonas de producción en Colombia, Perú y Bolivia llega con facilidad a los puertos peruanos, ecuatorianos y a la frontera de México con Estados Unidos controlada por los cárteles.

La estrategia de conectar las zonas de producción con las áreas de embarque de la droga es inevitable frente al crecimiento exponencial de los cultivos de hoja de coca. Según un informe global de las Naciones Unidas los cultivos de la hoja de coca crecieron en 35% entre el 2020 y el 2021 y Colombia, Perú y Bolivia se constituyeron en los principales productores. Los datos son escalofriantes. Por ejemplo, Colombia, el principal productor del cultivo y de la droga, en el 2010 tenía 61,811 hectáreas cultivadas; sin embargo, en el 2021 sumaba más de 204,000 hectáreas. Es evidente que un negocio de esta envergadura requiere una reingeniería, y el narcotráfico internacional en vez de tener una sola sección de pistoleros que se encargaba de todo el proceso –como sucedía en tiempos de Pablo Escobar– hoy promueve infinidad de organizaciones criminales que se encargan del control de las ciudades y establecen los corredores necesarios para el negocio.

A estos hechos es necesario sumar la aparición de gobiernos de izquierda que, en base a sus obsesiones antioccidentales, han llegado a tolerar y a promover los cultivos de hoja de coca. De alguna manera los gobiernos de Venezuela, Colombia y Bolivia participan de esta aproximación. Evo Morales llegó al poder como dirigente de los cocaleros y en el gobierno promovió una absurda e imposible industrialización de la hoja de coca. Igualmente, Gustavo Petro, ya en el poder, volvió a desempolvar la propuesta de industrializar la hoja de coca con el único objeto de cancelar las interdicciones de los cultivos ilícitos.

La idea construir corredores de la droga entre las zonas de producción y las áreas de embarque, entonces, es una de las causas del desborde de la ola criminal en el Perú, que explica que el crimen organizado haya fracturado el monopolio de las armas y de la violencia del Estado de derecho y se convierta en una verdadera amenaza para la seguridad nacional.

Ante esta situación el Estado, el gobierno y los ciudadanos de buena voluntad deben reaccionar en defensa de la democracia en contra de esta nueva amenaza a la seguridad nacional. No estamos ante un simple problema de seguridad ciudadana como acaecía en décadas anteriores. De ninguna manera. El crimen organizado internacional –que también es alentado por algunos gobiernos antioccidentales–, igualmente, puede terminar convirtiendo al Estado peruano en uno fallido, tal como sucedía en los años ochenta antes del gobierno de Alberto Fujimori.

No hay tiempo. ¡Es hora de reaccionar!