El ministro y el radicalismo antiminero

Precisiones sobre los enemigos de la inversión minera

En una reciente entrevista, el ministro de Energía Gonzalo Tamayo, señaló que “los inversionistas que deseen desarrollar proyectos deben mejorar la convivencia con su medio, puesto que todos tenemos vecinos y queremos llevarnos de la mejor forma”. También precisó que ese debería ser el objetivo para relanzar el proyecto de Tía María. Las palabras del ministro sorprenden porque si bien la parálisis de los proyectos mineros se debe a la incapacidad del Estado para proveer de servicios e infraestructura —no obstante que durante el boom minero cobró a las compañía enormes sumas de dinero— y a las sobrerregulaciones burocráticas, es evidente que el radicalismo antiminero es el principal responsable del bloqueo de la inversión minera.

A nuestro entender, las empresas mineras en el Perú saben que necesitan un entorno auspicioso para desarrollar inversiones; y para ello trabajan de forma denodada con la población aledaña y con las autoridades locales. Sin embargo, en varias ocasiones es el radicalismo antiminero el que exacerba los ánimos en la población, construyendo relatos ideológicos sin ningún sustento técnico. Por ejemplo, “agua sí, oro no” en Cajamarca, cuyo único objetivo fue liquidar la minería moderna y llevarnos hacia el chavismo económico.

En el caso de Apurímac con el proyecto Las Bambas —uno de los más grandes del planeta y cuya inversión es de alrededor de US$ 10,000 millones—, las comunidades aledañas, las ciudades y la región han sido beneficiadas de forma directa. Hoy por ejemplo, Las Bambas ha construido Nueva Fuerabamba, un nuevo centro poblado cuyos habitantes cuentan con todas las comodidades, como jamás tuvieron. Vale recordar que hace solo dieza años, en el centro poblado Fuerabamba —como en buena parte de la región de Apurímac— existía el trueque como forma de intercambio comercial. Ahora Chalhuahuacho, Tambobamba o Cotabambas son ciudades donde el círculo virtuoso de la economía nace de la minería. Agregaremos que en Apurímac la minería ha sido vital para reducir la pobreza y generar puesto de trabajo. Entre 2011 y 2015 en Apurímac la pobreza se redujo de 57% a 39%. Es decir 18 puntos porcentuales, como en ninguna región del país.

En Arequipa y Cajamarca el radicalismo también logró paralizar los proyectos Tía María, cuya inversión era de US$ 1,450 millones; y Conga, que representaba alrededor de US$ 4,500 millones. En el valle del Tambo, en Islay, grupos de de izquierda —liderados por Julio Gutiérrez, dirigente de Tierra y Libertad, hoy acusado de chantaje a la empresa Southern— han paralizado el proyecto. Y a pesar de que la empresa concesionaria de Tía María ha desplegado un exitoso plan para mejorar la calidad de vida de los pobladores de las cercanías del proyecto cuprífero.

En Cajamarca, el movimiento radical —liderado por Gregorio Santos, el ex sacerdote Marco Arana y Wilfredo Saavedra— frenó Conga y otros proyectos importantes para la economía regional. Entre el periodo 2012-2015, en Cajamarca la inversión pública y privada cayó 20.3%, la pobreza se mantuvo por encima de 51% y se perdieron más de 80,000 puestos de trabajo. La concesionaria de Tía María, Yanacocha, sigue con sus programas productivos y sociales. Hoy existe un “milagro del agua”, una simbiosis entre minería y agricultura.

Las palabras del ministro Tamayo no coinciden con lo que pasa con los proyectos mineros. Es el movimiento radical de izquierda el que construye relatos para oponerse al desarrollo del Perú.