El Congreso decide en medio de la anarquía institucional

En la comisión de Constitución del Congreso de la República se acaba de aprobar una reforma constitucional para crear la Escuela Nacional de la Magistratura, entidad que reemplazará a la Junta Nacional de Justicia en el nombramiento y promoción de jueces y fiscales; y por otro lado, se encargará de la formación y capacitación de los magistrados (función que ejerce la Academia Nacional de la Magistratura). Una reforma que puede ser polémica; sin embargo, urgente y necesaria en medio de la destrucción del sistema republicano que ha desatado la guerra de facciones en el sistema de justicia y la brutal judicialización de la política peruana.

Por otro lado, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, se acaba de aprobar una norma que refuerza las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en la vigilancia de los fondos y las políticas que desarrollan las oenegés en el Perú. Una medida extremadamente urgente y necesaria, sobre todo luego de que el progresismo desarrollará reformas para limitar el aporte privado nacional a los partidos políticos, mientras se dejaba de fiscalizar los fondos internacionales que muchas veces se utilizan para el desarrollo de organizaciones partidarias o para bloquear las inversiones privadas en minería, agroexportación, pesquería y otros sectores.

Unos días antes, igualmente, el Congreso había aprobado una reforma constitucional para eliminar los movimientos regionales y permitir la reelección por una sola ocasión de las autoridades subnacionales. ¿Cuál es la naturaleza de estas medidas en medio de la situación actual?

A nuestro entender, la vacancia de Pedro Castillo, los yerros del gobierno de Dina Boluarte, la mala representación en el Congreso y las guerras de facciones judiciales están llevando al Perú a una situación de anarquía institucional sin precedentes. ¿Cómo no vamos a estar ingresando a una etapa de anarquía si jueces y magistrados de instancias inferiores consideran que pueden cuestionar las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, e incluso que pueden poner en entredicho los fallos del Tribunal Constitucional? ¿Cómo no vamos a ingresar a una etapa de disolución institucional si un oficial de la policía nacional (PNP) considera que se puede cuestionar la autoridad de la alta dirección de la PNP y del Ministerio del Interior?

En una sociedad con una política medianamente saludable semejantes problemas se solucionarían a través de entendimientos nacionales de todos los sectores, algo que no parece posible en el país. En ese contexto, el Congreso ha decidido llenar el grave vacío de poder que atraviesa el país desarrollando una serie de reformas urgentes y necesarias. Una buena noticia que debe construir un nuevo momento.

Algo parecido sucedió cuando Pedro Castillo gobernaba promoviendo una Constitución y la nacionalización de los recursos naturales; es decir, cuando gobernaba en contra de la Constitución y las leyes nacionales. El Legislativo de entonces eligió a los miembros del Tribunal Constitucional, aprobó una ley que precisaba la cuestión de confianza, que ratificaba el precepto constitucional acerca de que los referendos de la Constitución deben pasar previamente por el Congreso. Más tarde el TC ratificó la constitucionalidad de estas normas. En este contexto, Castillo y el eje bolivariano perpetraron el golpe de Estado y el Legislativo procedió a vacar al golpista y gestar una convergencia institucional civil y militar en defensa del Estado de derecho.

Es incuestionable que el Congreso actual acumula infinidad de yerros que lo llevan a tener una de las desaprobaciones más altas de todos los legislativos. Igualmente es cierto que la escasa trayectoria política de los representantes y las denuncias a mochasueldos y otros despropósitos convocan la ira popular. Todo eso es cierto. Sin embargo, si el actual Legislativo no se hubiese puesto del lado del Estado de derecho el eje bolivariano habría materializado el golpe de Estado y hoy el país estaría sumergido en un proceso constituyente. 

El Congreso actual tiene sombras, pero también tiene luces y destellos que quedarán en la historia democrática.