La censura del ministro de Energía y Minas, Rómu...
Héctor Béjar, ministro de Relaciones Exteriores, ha adelantado que “desde el gobierno de Castillo se impulsará que el Perú firme y ratifique el denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, el denominado Acuerdo de Escazú. En ese mismo sentido, el titular del Ambiente, Rubén Ramírez Mateo, también indicó que su gestión impulsará el Acuerdo de Escazú, “que nos llevará a un compromiso con los pueblos originarios para alcanzar la justicia ambiental".
Antes de continuar vale indicar que en octubre pasado, luego de una campaña desarrollada por sectores patrióticos de todos los rincones del país, y que defienden la soberanía nacional, el Congreso rechazó que el Perú suscriba el Acuerdo de Escazú. En aquel momento ese acuerdo era impulsado y promovido de manera insistente por la presidenta del Legislativo, Mirtha Vásquez, ex militante del Frente Amplio, otrora mano derecha de Marco Arana y todos los colectivos “ambientalistas” y oenegés de izquierda antiminera. El gobierno de Francisco Sagasti había suscrito el tratado, pero el Congreso rechazó de plano la iniciativa.
Ahora bien, si un peruano que ama a su patria revisa dicho acuerdo encontrará incuestionablemente que es lesivo para la soberanía nacional porque todos los problemas económicos, sociales y ambientales vinculados a las inversiones pueden convertirse en temas de Derechos Humanos y terminar en la Corte de San José, claramente influenciada por las corrientes del marxismo internacional. En otras palabras, cederemos nuestra soberanía para que en la jurisdicción internacional se resuelvan los problemas ambientales, sociales y hasta económicos. La inmensa Amazonía ya no sería territorio soberano, pues estaría en manos de agentes internacionales, oenegés de tendencia marxista y grandes grupos económicos del planeta.
El Perú no puede firmar dicho acuerdo porque se establecería una legislación dual –leyes nacionales e internacionales–, y además porque la última instancia estaría en la jurisdicción internacional. Asimismo, los “activistas ambientales” tendrían un estatus especial gracias al mencionado acuerdo, una especie de inmunidad internacional. La pregunta que surge es ¿cómo se determinará quién es un “activista ambiental”? ¿Acaso se considerará “activista ambiental” a un antiminero? La audacia del marxismo internacional es extrema.
No obstante que un acuerdo internacional debe ser suscrito, según la Constitución por el Poder Legislativo, desde el gobierno de izquierda de Perú Libre se pretende seguir el libreto de la estrategia impuesta por el comunismo internacional. Si a ello se suma que –según Vladimir Cerrón, jefe de Perú Libre– el Perú se retirará del Grupo de Lima y entrará al Foro de Sao Paulo, entonces todo queda claro. El Perú desde ahora pasaría a la órbita marxista.
Todo indica entonces que el gobierno de Perú Libre promoverá que nuestro país pase a integrar el bloque chavista, algo que hasta hace algunos meses parecía imposible. Queda en manos de la mayoría en el Congreso rechazar aquellos tratados y acuerdos que atenten contra los peruanos y nuestra soberanía.
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