Crimen y autoridad del Estado

A propósito del caso Oropeza y la débil respuesta de las autoridades.

El ataque al Porsche de Gerald Oropeza y el posterior asesinato de Patrick Zapata, amigo del primero, no solo nos revelan la manera cómo el narcotráfico sigue aumentando su influencia en el país sino que el avance del territorio del crimen, de una u otra manera, comienza a parecerse a las experiencias de Colombia y México, tal como lo señala nuestro columnista Dardo López.

Detrás del caso Oropeza se investigan posibles envíos de droga a través de barcos, contratos con el Estado y una serie de actividades delictivas conectadas con los cárteles internacionales de la droga. Pero detrás del accionar de los pistoleros que hoy disparan a diestra y siniestra se cobija el mensaje de la sociedad del crimen a todos los peruanos: aquí estamos, disparamos cuando nos viene en gana. Y el Estado se muestra absolutamente impotente para detenerlos.

El mensaje del sicario no solo es un mensaje para las organizaciones delictivas en disputa sino que impacta en toda la sociedad. El pequeño comerciante de la avenida Gran Chimú que es extorsionado por la pandilla local está notificado que vivimos en los tiempos del pistolero. Y ni qué decir de los ciudadanos y empresarios en las ciudades del norte del país que, prácticamente, son territorios liberados de la autoridad del Estado, donde ha surgido una especie de “orden” basado en las organizaciones delictivas.

Mientras la crisis de seguridad ciudadana cae en abismos impensados, en los últimos días las instituciones del  sistema de justicia estuvieron dedicadas a sacarse los trapos al aire: el Ministerio del Interior acusó al Ministerio Público de una bajísima tasa de acusaciones penales, los fiscales se lanzaron contra la debilidad de los partes policiales, y los jueces intentaron lavarse la cara maquillando algunas cifras. Es decir, las entidades encargadas de coordinar y converger en políticas comunes para a enfrentar el desborde de la criminalidad mostraron sus diferencias antes que una acción común. En este contexto, ¿qué puede quedar de la autoridad del Estado?

Casi al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Pedro Cateriano, solicitaba que no se libere a los radicales que violan propiedad pública y privada e impiden el libre tránsito de los ciudadanos, pisoteando preceptos establecidos en la Constitución y la ley, pero una jueza se hizo de la vista gorda y ahora, antes que la calma, la violencia se acrecienta en el valle del Tambo. Los radicales seguirán provocando en busca de las víctimas fatales que legitimen su oposición al proyecto Tía María. En este contexto, ¿cómo se puede siquiera hablar de la existencia de un Estado?

Todos los peruanos de buena voluntad tenemos que apostar a que desde el Estado se encabece una política nacional para recuperar el imperio de la ley y la Constitución en aquellas regiones y  áreas donde las organizaciones criminales ejercen poder. La policía necesita capturar y desbaratar las bandas de pistoleros que riegan con sangre las calles. Pero para avanzar hacia ese objetivo se necesita que el Ministerio del Interior, el de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las regiones y los municipios se transformen en un puño unificado que golpeé en la misma dirección y con todas las energías posibles.

Si la perpetua crisis de la política y del espacio público le sumamos una inacabable crisis de seguridad ciudadana y desborde de la criminalidad, el Perú avanzaría hacia su segura fragmentación nacional.

22 - Abr - 2015