Continúa la leyenda negra de “las esterilizaciones forzadas”

En El Montonero.pe seguimos con atención el desarrollo de la leyenda negra sobre el supuesto caso de las “esterilizaciones forzadas”, que la izquierda repite, sin fundamentos, desde dos décadas atrás. En este contexto, debemos analizar otra querella judicial presentada por diversas organizaciones no gubernamentales de izquierda, a través de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas”, contra Alberto Fujimori.  Se vuelve a escribir un nuevo capítulo de la permanente infamia alrededor de este caso.

Desde el 2018 se desarrolla un proceso judicial en la ciudad del Cusco sobre el tema de las “esterilizaciones forzadas”. Existen 1,316 denunciantes, quienes son apoyadas y asesoradas legalmente por diversas organizaciones de izquierda. El objetivo de las señaladas denunciantes no solo es ser reconocidas como víctimas, sino además cobrar las indemnizaciones correspondientes.

Como ya hemos explicado en anteriores ocasiones, la izquierda ha desarrollado el argumento acerca de que durante el fujimorato –entre 1996 y 2000– se desarrolló una “política de esterilizaciones forzadas”. Como todos sabemos, las supuestas esterilizaciones forzadas forman parte de un programa de control de la natalidad que fue apoyado por diversas oenegés y sectores de la propia izquierda. ¡Increíble tanto cinismo!

La narrativa de la izquierda es tan intensa que incluso la periodista Jackeline Fowks, en un reportaje en el diario El País de España, asevera que “bajo amenazas, el Gobierno le ligó las trompas, como parte de un plan que tenía como objetivo manifiesto la planificación familiar, pero que en la práctica dejó sin la posibilidad de tener hijos a 300,000 mujeres, la mayoría de ellas pobres e indígenas”.

Al respecto vale señalar que, a través de una investigación seria y detallada, que se plasmó en el libro La verdad de una mentira, María Cecilia Villegas, recoge documentos, información de diversas instituciones del Estado y testimonios que revelan que, el caso de las esterilizaciones forzadas, solo es una leyenda.

Villegas señala que, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, se implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), un evidente programa de control de la natalidad, de los que suele impulsar la izquierda en América Latina y que, sin lugar a dudas, fue absolutamente voluntario.

Según la mencionada autora, en un informe de la Defensoría del Pueblo, se señala que de las más de 254,000 AQV (anticoncepción quirúrgica voluntaria) que se desarrollaron, únicamente 773 casos fueron investigados. De ese total, solo 61 se desarrollaron sin consentimiento o conocimiento claro de las pacientes. Lo singular es que, en el informe N. 69 de la Defensoría, se recogen testimonios desde 1994 hasta el 2002. En otras palabras, antes y después del mencionado programa de planificación familiar. En otras palabras, los errores en las políticas del control de la natalidad eran previos al mencionado programa.

De otro lado, en el libro La verdad de una mentira se descarta el argumento de esterilizaciones forzadas porque el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar exigía que una paciente solo accedía al programa con la autorización del cónyuge; es decir, se demandaba el consentimiento pleno de la pareja.

Diversas investigaciones sobre el tema y sendos informes de la Defensoría del Pueblo establecen que los casos en que hubo problemas –es decir, en los que no se tuvo el consentimiento de la paciente o se confirmó desconocer los efectos de la intervención– caen bajo la responsabilidad individual de los médicos. En estas situaciones, es evidente que se requiere investigar. Sin embargo, los excesos y descuidos del mencionado programa no pueden ser atribuidos a la existencia de un programa de esterilizaciones forzadas.

Como se aprecia, los nuevos casos que la izquierda pretende presentar en el Cusco corresponden a una estrategia nacional de la infamia que no cesa. Una infamia que, sorprendentemente, es alentada por los mismos sectores que promovían estas políticas de planificación familiar en los años noventa.