¡Autodefensa ciudadana para proteger la economía popular en el sur!

En Quillabamba, provincia de la Convención (en el Cusco), los emprendedores de los mercados emergentes, sobre todos los mototaxistas y los dueños de pequeños negocios, luego de cuatro días de bloqueos de la carretera se organizaron espontáneamente y se enfrentaron a las vanguardias comunistas y radicales con una firmeza y decisión que sorprendió a tirios y troyanos. Utilizando la organización de la mayoría, recuperaron el Estado de derecho y respaldaron la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP). Recuperaron la paz y los mercados volvieron a funcionar.

Igualmente, los comerciantes de los mercados de la ciudad del Cusco se rebelaron contra las decisiones de los administradores municipales que habían acatado “la orden del sindicato de mercados” para cerrar los centros de abasto. La decisión de la mayoría fue frontal y directa, y el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, procedió a despedir a los administradores de mercados. Asimismo, en Arequipa, las organizaciones de las micro y pequeñas empresas (mypes) y los comerciantes de los mercados se organizaron y ejercieron la autodefensa para reabrir los mercados. En Cusco y Arequipa, la ciudadanía, la sociedad y las mypes comienzan a tener un papel activo y protagónico en la defensa del Estado de derecho. En Puno las mayorías permanecen silenciosas e inactivas.

En otras palabras, la insurrección que impulsan las corrientes comunistas y las vanguardias radicales vinculadas al eje bolivariano no tiene la menor posibilidad de prosperar si es que la población se organiza en la defensa de la economía familiar y popular. Vale recordar que la primera ola insurreccional luego del fallido golpe de Pedro Castillo quebró la industria turística del Cusco en un 90%, y los hoteles y servicios han comenzado a despedir masivamente a trabajadores. Igualmente, las economías y negocios familiares de los puneños y de las familias del sur se han reducido en un 50%.

Por otro lado, la violencia y las lamentables muertes en Puno han echado por tierra los preparativos de la región para la fiesta de La Candelaria (en febrero) y todo indica que los pequeños negocios irán de mal en peor. Para entender la violencia de las vanguardias comunistas, vale señalar que el lunes pasado –cuando se produjeron las trágicas muertes– alrededor de 3,000 campesinos aymaras de Ilave se trasladaron a la ciudad de Puno, desarrollaron marchas pacíficas, y retornaron a sus pueblos luego de las 4 de la tarde. Igualmente, cerca de 4,000 pobladores de Azángaro –de origen quechua– se trasladaron a Juliaca, protestaron pacíficamente y cuando estaban por retornar a sus pueblos, diversas vanguardias comunistas, núcleos radicalizados de las economías ilegales (minería ilegal, narcotráfico y contrabando), pretendieron asaltar y destruir el aeropuerto Manco Cápac de Juliaca, desatándose muertes y heridos: 17 hermanos puneños muertos y más de 75 policías heridos, algunos de ellos de extrema gravedad.

A la luz de estos hechos, comienza a quedar absolutamente claro que la violencia radical, el ataque a las comisarías mediante actos de guerra, la lamentable muerte de 40 peruanos, los cerca de 300 policías heridos, el bloqueo de las carreteras para desabastecer a las ciudades, los ataques a los aeropuertos solo tienen un responsable: las vanguardias comunistas que impulsan una insurrección contra el Estado de derecho y la Constitución.

Sin embargo, queda igualmente claro que la violencia insurreccional es desarrollada por vanguardias y minorías. Semejante ofensiva violentista está amenazando la sobrevivencia de las familias del sur y está destruyendo los pequeños negocios y las economías emergentes. En ese escenario la autodefensa civil que se levanta en el Cusco y Arequipa es la única alternativa de la sociedad para respaldar la defensa de la Constitución y el Estado de derecho que desarrollan nuestros policías y soldados.