Congreso no debe insistir en ley contra la meritocracia educativa

El Congreso de la República de ninguna manera debe aprobar por insistencia la ley que establece el nombramiento automático de cerca de 80,000 profesores con tres años de contrato o más, porque estaría violentado el sistema de Carrera Pública Magisterial (CPM) que se desarrolla desde el 2007 hasta la actualidad. Una política de Estado que han compartido casi todos los últimos gobiernos, excepto el de Pedro Castillo.

Idel Vexler, ex ministro de Educación y reconocido educador, señala que la mayoría de los 80,000 maestros que serían nombrados si el Legislativo insiste en aprobar la ley contra la meritocracia pertenece al sector que fue desaprobado en los concursos de méritos y evaluaciones que se desarrollan desde el 2015 hasta la actualidad. Es decir, se institucionalizaría la mediocridad docente y se dinamitaría las bases de la carrera pública magisterial.

Al respecto vale señalar que, en la actualidad, de alrededor de 420,000 docentes del magisterio más de 340,000 pertenecen a los diferentes escalones de la CPM porque, desde el 2007 hasta la fecha, han estado participando en todas las evaluaciones y concursos de méritos que se han convocado para pertenecer a la carrera pública magisterial. Es decir, el 80% del magisterio pertenece a un escalafón de la CPM debido a la voluntad de estudiar y capacitarse para enseñar en las aulas.

Algo más. En la actualidad existe un concurso de la CPM en desarrollo en el que participan más de 250,000 profesores para ocupar 50,000 plazas orgánicas; es decir, plazas debidamente presupuestadas.

Es evidente entonces que si el Congreso insiste en la ley contra la meritocracia estaría premiando a los profesores más mediocres que, en las últimas dos décadas, fueron incapaces de incorporarse a la CPM a través de todos los concursos convocados por el Ministerio de Educación. Pero no solo se estaría premiando a la mediocridad sino que se estaría desalentando a los maestros que suelen estudiar y capacitarse para seguir subiendo en los escalones de la CMP.

Igualmente, no queda la menor duda de que los más afectados con la decisión del Congreso serán los niños de las escuelas públicas del país. En otras palabras, de los alumnos más pobres que no tienen otra alternativa que la escuela estatal.

 Una de las interrogantes que emerge ante la posición de las bancadas de la centro derecha –que detuvieron el golpe de Pedro Castillo–, es el motivo por el cual apoyan una ley en contra de la meritocracia. Finalmente, vale recordar que uno de los objetivos del gobierno de Castillo era acabar con el régimen de la meritocracia en la docencia y proceder con el nombramiento automático de los maestros para llenar el magisterio de activistas que predicaran la ideología extremista maoísta del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) de Sendero Luminoso.

En cualquier caso, los parlamentarios de buena voluntad deben oponerse frontalmente a aprobar una norma que pone en peligro una de las pocas reformas que se han podido implementar en el Perú. Al respecto vale recordar que el país nunca alcanzará el desarrollo si es que no construye capital social, una fuerza laboral educada, capacitada, con gran impulso innovador. No hay manera de competir en los mercados mundiales sin un nuevo capital social. Y, en este aspecto, la reforma educativa –junto a la de la salud– lo es todo.