La izquierda antisistema pretende destruir el sistema educativo nacional

Desde las reformas económicas de los noventa, la Constitución de 1993 y el Decreto Legislativo 882 se posibilitó la inversión privada en el sector educativo. Con esta medida se logró salvar la educación nacional del colapso del Estado empresario, del Estado proteccionista, del Estado empleador que sumió a más del 60% de los peruanos en pobreza. Desde esas reformas el sector privado se ha convertido en la columna principal del sistema educativo: atiende dos tercios de la matrícula en educación superior y un tercio en la educación básica.

En el informe “Estudio de contribución de la educación privada en el Perú”, elaborado para el observatorio “ Educación al futuro”, se establece que el sector privado de la educación atiende a los sectores más bajos de la sociedad. La cifra es contundente: el 70% de los alumnos del sector privado en educación básica y superior pertenecen a los niveles C, D y E. Igualmente, según el mencionado informe, en el 2022 la educación privada aportó más de S/ 14,000 millones al PBI educativo; es decir, alrededor del 60% del total. Asimismo, en los últimos tres años, la recaudación de impuestos en el sector privado educativo ha sumado alrededor de S/ 5,000 millones. Por otro lado, entre el 2022 y el 2024, a través del mecanismo de Obras por Impuestos se ejecutaron 98 proyectos por un valor de S/ 4,070 millones.

Sin embargo, la izquierda antisistema, los sectores comunistas en el Congreso, han presentado una iniciativa legislativa que reforma la Constitución y las leyes del sector con objeto de estatizar la educación privada. De un solo plumazo se pretende excluir al sector privado (ya sea el modelo societario y asociativo) de la inafectación tributaria que goza la universidad pública cuando las cargas tributarias están vinculadas a la función educativa. Por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución establece que “…las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural…”. 

Las bancadas comunistas proponen agregar un párrafo al artículo 19 de la Carta Política que prescriba que “…no cuentan con inafectación de impuestos directos e indirectos las universidades, institutos superiores y centros educativos privados…”. Asimismo, se propone modificar otros artículos del DL 882 y leyes universitarias con el objeto de eliminar al sector privado de la educación.

Como se aprecia en el señalado informe, el sector privado paga todos los impuestos que la Constitución y las leyes establecen, incluso ya no existen las exoneraciones por reinversión de utilidades vigentes hasta el 2016. De allí que en los últimos tres años el pago por impuestos del sector sume más de S/ 5,000 millones. 

En este contexto, si se aprobara la propuesta de las bancadas comunistas en el Congreso las universidades, institutos y colegios privados tendrían que pagar el impuesto predial y el IGV. Considerando las gigantescas infraestructuras, laboratorios y tecnologías invertidas en los claustros privados el solo pago del predial llevaría a la quiebra a universidades y colegios y los sobrevivientes saldrían del mercado en poco tiempo. Ni qué decir sobre el tema del IGV.

Para entender la barbarie colectivista con los sectores populares que estudian en claustros privados. De un total de 54,000 colegios del Estado, alrededor de 20,000 están colapsados, sin infraestructura mínima –sin agua, desagüe y servicios higiénicos ni tecnologías– para empezar el año escolar. ¿Por qué los comunistas pretenden estatizarlo todo?

Las corrientes colectivistas creen que cualquier mecanismo de mercado proviene de los infiernos, no obstante que una de las cosas más impresionantes en el sector privado educativo es que, a pesar de todas las crisis, no ha cesado de crecer. La razón: las pensiones bajas y asequibles a los sectores emergentes y populares. Por ejemplo, según el mencionado informe para “ Educación al Futuro”, las pensiones en el 60% de los colegios privados son menores a S/ 400 y solo en el 4% de los claustros las pensiones son superiores a S/ 1,200.

Pero he aquí la barbarie colectivista: en la segunda disposición transitoria se congelan las pensiones y se amenazan con responsabilidades civiles y penales. Es decir, se excluye al sector privado de los beneficios tributarios que la Constitución establece para el sector privado y luego se lanza la guillotina con el congelamiento de pensiones.