¡Urgente! ¡El Perú necesita una nueva ley de promoción agraria!

Cuando el Gobierno provisional de Francisco Sagasti y la gestión también provisional del Congreso de Mirtha Vásquez procedieron a derogar la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que establecía regímenes promocionales en los sistemas tributario y laboral, seguramente no hubo conciencia sobre el daño que se le causaba al Perú. Y si hubo conciencia, entonces los actores de la derogatoria están del lado de la pobreza, del anticapitalismo y del atraso.

Los efectos de la derogatoria de la pasada Ley de Promoción Agraria ya se notan al primer golpe de vista: se han dejado de invertir en alrededor de 30,000 nuevas hectáreas y, desde octubre del año pasado, se pierden 100,000 empleos del millón –entre directos e indirectos– que se generan con las agroexportaciones.

Vale recordar que bajo el imperio de la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú y la ley de Promoción Agraria derogada, en dos décadas el Perú incrementó sus agroexportaciones de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones e, igualmente, se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones. Por otro lado, la pobreza en las regiones agrarias bajó muy por debajo de la media nacional; en el caso de Ica, por ejemplo, se situó en 6% de la población no obstante que este flagelo se acerca al 30% a nivel nacional.

La ley derogada establecía un régimen tributario promocional considerando que las inversiones agrarias tienen riesgo alto, ya sea por temas climáticos o plagas regionales, entre otros. Asimismo, sancionaba un régimen laboral que reconocía todos los derechos establecidos en la ley, pero con criterios de flexibilidad en la temporalidad de los contratos.  En este contexto, existían empresas que contrataban entre 10,000 y 15,000 trabajadores por campaña de siembra, mantenimiento o cosecha. Se trataba de una ley pro formalización de empleo.

Por todas estas consideraciones, llama sobremanera la atención que, luego de comprometerse públicamente a redactar una nueva ley, el Ejecutivo no haya solicitado facultades delegadas para legislar sobre una nueva norma de Promoción Agraria en el Perú. El asunto se complica más cuando se acaba de conocer que el Gobierno Regional de Arequipa ha trasladado al Ministerio de Agricultura (Midagri) el proyecto Majes Siguas II que permitirá habilitar 40,000 nuevas hectáreas para las agroexportaciones y trasladar el milagro agroexportador peruano de la costa norte y central hacia el sur del país. Y el asunto de la falta de una nueva ley promoción agraria se vuelve inexplicable cuando se avanza en el destrabe de la III etapa del proyecto Chavimochic y Chinecas. Considerando los tres mencionados proyectos se está hablando de alrededor de 150,000 nuevas hectáreas para inversiones en agroexportaciones. Es decir, casi un 60% de incremento de la frontera agrícola agroexportadora que hoy suma 250 mil hectáreas ganadas al desierto y que apenas representa el 5% del total de las tierras dedicadas a la agricultura.

Algo más. Según algunos estudios, el Perú tiene la posibilidad de incrementar en 500,000 hectáreas ganadas al desierto –en base a siete proyectos hídricos– la frontera agrícola agroexportadora nacional. En otras palabras, el país tiene la potencialidad de convertirse en una potencia agroexportadora mundial, de transformarse en un centro tecnológico y científico de la industria alimentaria del planeta, desarrollar una manufactura de punta tecnológica vinculada al sector, diversificar y complejizar la economía y, sobre todo, construir un mundo rural poblado de clases medias agrarias.

Sin embargo, para seguir soñando con esta posibilidad y el milagro agroexportador, se requiere con urgencia una nueva ley de Promoción Agraria. ¿Qué esperan el Ejecutivo y el Congreso?