Todo el Perú quiere agua, desagüe y buen medio ambiente

Sobre el nuevo proyecto de ley de tratamiento de aguas residuales

Uno de los temas a resolver planteados por el presidente Pedro Pablo Kuczynski durante su mensaje de Fiestas Patrias fue el casi inexistente tratamiento de las aguas residuales que provienen de los sistemas de desagüe de las ciudades del país y que contaminan todos nuestros ríos y nuestro mar. El jefe de Estado llamó este problema lacra y señaló que solo el 15% de las aguas servidas son tratadas. El proyecto de Ley 1721/2017 – PE –que busca promover el tratamiento de aguas residuales vía Asociaciones Público Privadas (APP)- intenta resolver este terrible problema ecológico que amenaza el futuro del país.

Antes de continuar una pregunta sobre una situación curiosa y paradójica: ¿Por qué los radicales ecologistas y anti mineros no dicen esta boca es mía frente al peor problema ecológico de la sociedad? Es evidente que al extremis ecológico no le interesa el medio ambiente sino  detener la producción de cobre nacional.

El problema de las aguas residuales no es nuevo. Los reportes de contaminación de nuestros ríos y océano son recurrentes. En el 2008 en un reporte de Sedapal se informaba que solo se trataba el 15% de las aguas servidas en Lima y que se proyectaba que, en cuatro años, se logrará tratar el 100%. Sin embargo en el 2015 se habían instalado 19 plantas que solo lograban tratar el 75% de las aguas servidas de la capital.

Si bien hay avances, la distancia de Lima con las provincias es tan abismal que en promedio nacional el Perú solo logra tratar el 15% de sus aguas residuales. Por ejemplo, el 2014 en Puno se registró alta contaminación en el lago Titicaca porque desde 22 años atrás se vierten más de 250 litros de agua servidas por segundo. En Puno solo existe una planta de tratamiento de aguas residuales y no está en óptimas condiciones. En la región San Martín igualmente el sistema de alcantarillado vierte las aguas residuales  en el río Huallaga.

En el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo se señala que existen 89 provincias que no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales y que suman el 12% de las aguas servidas que se arrojan a los ríos y el océano Pacífico. Desde estas áreas se arrojan 298 mil m3 por segundo de aguas servidas que contaminan nuestro medio ambiente.

Una de las cosas que llamó la atención es que el jefe de Estado aseveró que las EPS seguirán siendo públicas.  Vale señalar que de las 52 EPS, 48 son administradas por los municipios de manera absolutamente deficiente con criterios políticos y populistas antes que empresariales. Una situación que explica que desde hace un cuarto de siglo las provincias padezcan un deficiente servicio de agua y desagüe. Los resultados son una tragedia: en el ámbito rural solo el 68.4% de la población tiene acceso al agua potable. En este contexto, ¿por qué no plantear la privatización de las EPS? ¿Por qué insistir en una gestión pública que condena a los más pobres a una vida sin agua potable y desagüe?

Cabe destacar que según el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), el 81.6% (40 EPS) presenta un desempeño muy bajo, mientras que el 18.4% (10 EPS) fue calificada como regular. Es evidente que los gobiernos locales no cuentan con la capacidad técnica ni personal capacitado para enfrentar el problema.

El gobierno parece avanzar por la ruta correcta con el proyecto de ley aguas residuales y la voluntad de convocar APPs. Sin embargo le falta audacia frente la urgencia de privatizar estos servicios. Pero una cosa si queda al descubierto: la farsa del ecologismo radical que le importa un comino el medio ambiente, que ignora el principal problema ecológico del Perú y que solo pretende parar la producción del cobre del Perú.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dejado al descubierto el verdadero propósito de los activistas radicales con la aplicación de este proyecto de Ley, sin embargo, debe hacer un mejor análisis sobre quién debe gestionar de las EPS y las plantas de tratamiento para que a fin de gobierno puede cumplir la promesa de dejarnos el agua como su legado.