Alrededor de 40,000 hectáreas de cultivos del proyecto ...
El año empezó mal para Arequipa. Como si se tratara de una fuerza de invasión extranjera que destruye las posibilidades del país invadido, los consejeros regionales de Arequipa no asistieron a la reunión del 30 de diciembre pasado para aprobar la Adenda 13 del proyecto Majes Siguas II. La mencionada adenda modifica el sistema de riego por uno más racional para el ahorro de agua y el cuidado del suelo.
Ante esta situación Cobra, la empresa concesionaria de Majes Siguas II, está habilitada para recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y denunciar al Estado peruano por incumplimientos de contratos.
De esta manera, Arequipa perderá la posibilidad de crear un polo agroexportador en la costa sur con 40,000 hectáreas destinadas a esta actividad, que generaría 145,000 empleos directos, 290,000 indirectos y que beneficiaría a más de 300,000 arequipeños.
¿Cómo se puede causar tanta devastación para los pobres de Arequipa y del sur del Perú? Todo indica que los consejeros regionales han decidido boicotear Majes Siguas II por criterios ideológicos: rechazan la posibilidad de que en predios de más de 200 hectáreas se convoquen capitales y tecnologías para aumentar el PBI agrario arequipeño en unos US$ 850 millones al año y se continúe reduciendo la pobreza. Los consejeros regionales de Arequipa prefieren el minifundio, que solo genera una agricultura de subsistencia, tal como ha sucedido con Majes Siguas I, la etapa previa del proyecto que analizamos.
Con esta conducta la izquierda deja en claro que es una fuente directa de pobreza. Si bien Arequipa es una región con niveles de desarrollo sobre la media nacional –sobre todo por la minería– el bloqueo de Majes Siguas II se suma a la oposición de esa misma izquierda al proyecto de cobre Tía María, en momentos en que el precio de la libre del metal rojo sobrepasa los US$ 4.80; es decir, un récord histórico. Por todas estas consideraciones no es exagerado utilizar la figura de una fuerza de invasión extranjera para graficar el daño que la izquierda está causando.
Tía María es un proyecto que tiene todas las autorizaciones del Estado y todas las licencias (incluida la llamada social) para empezar la etapa de construcción. Con una inversión de US$ 1,400 millones generará cerca de 8,000 empleos en la provincia de Islay y el valle de Tambo. E, igualmente, se proyecta producir cerca de 120,000 toneladas métricas de cobre (TMC) y aportar con más de S/ 300 millones en canon y regalías. Sin embargo, la acción de minorías radicalizadas y la ideologización del Ejecutivo siguen retrasando este proyecto vital para Arequipa y el Perú.
Como se aprecia, Arequipa se ha convertido en un laboratorio de la izquierda en contra de las inversiones en agroexportaciones y minerías. A estas alturas es incuestionable que las izquierdas peruanas necesitan aumentar la pobreza y destruir a las clases medias para implementar su proyecto de asamblea constituyente.
Bloquear las inversiones en agroexportaciones y minería es fundamental para las izquierdas. ¿Por qué? Ambos sectores convocan inversiones con alta intensidad en capitales y tecnologías, generan empleos directos y una impresionante cadena de actividades y empleos indirectos. En otras palabras, son motores antipobreza incuestionables.
Por ejemplo, Ica, una de las regiones agroexportadoras más emblemáticas, tiene indicadores sociales superiores a la media nacional y ha logrado el pleno empleo por la intensidad de las actividades agrícolas. Lo mismo sucede con los indicadores sociales de las regiones mineras, tal como pasa con Moquegua. Basta señalar que si el Perú ejecutara su cartera de proyectos mineros podría crecer por encima del 6% y, en pocos años, reducir la pobreza por debajo del 15% de la población.
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