Alrededor de 40,000 hectáreas de cultivos del proyecto ...
El Perú es una suma de malas y buenas noticias en economía. Por ejemplo, un año atrás los peruanos derrotamos el intento de golpe de Pedro Castillo. Sin embargo, en vez de aprovechar el triunfo institucional y democrático sobre el zarpazo del eje bolivariano, el país entró en recesión, mientras en el Ejecutivo se empezó a nacionalizar el petróleo a través de sucesivos rescates financieros a Petroperú y la adjudicación de lotes con contratos vencidos a la mencionada empresa estatal.
Si bien el Banco Central de Reserva del Perú controla la amenaza inflacionaria, las señales de la política, los yerros del Ejecutivo y del Congreso, abonan a favor de la recesión, el bajo crecimiento y el aumento de la pobreza.
Igualmente, el año pasado, el Perú produjo 2.5 millones de toneladas métricas de cobre (TMC) –gracias a la entrada en producción de Quellaveco–, incluso se superó la producción del 2024. Sin embargo, mientras en el sector de Energía y Minas se prioriza la nacionalización del petróleo y se destruye la disciplina fiscal, no se hace nada para concretar proyectos de cobre como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca, que cuentan con todas las autorizaciones que establecen la Constitución y las leyes para sacar adelante una inversión minera.
Como parte de estas noticias contradictorias, también está el anuncio del Ejecutivo acerca de que se firmará un contrato con el gobierno de Canadá (bajo la modalidad de gobierno a gobierno) para terminar construir la tercera etapa del proyecto Chavimochic, que posibilitará habilitar 60,000 nuevas hectáreas para agroexportaciones, una cantidad que incrementará en 25% la frontera agrícola dedicada a la agroexportación (250,000 hectáreas en total). Sin embargo, desde la derogatoria de la ley de Promoción Agraria (ley 27360) no se conocen nuevas inversiones en este sector. En otras palabras, el Ejecutivo y el Legislativo no hacen nada para restablecer un marco legal promotor de agroexportaciones.
Es hora, pues, de salir del entrampamiento económico y social del país, un entrampamiento en el que las buenas noticias son anuladas inmediatamente por las malas. No es posible continuar con esta mediocridad que paraliza y bloquea al país. De ninguna manera. El Perú necesita relanzar su crecimiento enviando señales claras a los mercados y los inversionistas: se necesita dejar en claro que la fortaleza macroeconómica de nuestra economía no se tocará por nada y menos por el permanente despilfarro de Petroperú.
Asimismo, el país necesita lanzar un shock en contra de la burocratización del Estado, que ha convertido al Perú en uno de los países más sobrerregulados, no obstante el espíritu desregulador de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio del país. En el Estado todos los trámites deberían unificarse en ventanillas únicas con no más de cinco procedimientos.
Asimismo, el Ejecutivo debería priorizar la minería, las agroexportaciones e inversiones e infraestructuras, para relanzar el crecimiento. Una decisión de este tipo, por ejemplo, significa movilizar al Estado y a la sociedad para sacar adelante los proyectos mineros autorizados por la Constitución y la ley, y restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (ley 27360) para fomentar nuevas inversiones.
Asimismo, el combate a la creciente informalidad de la sociedad demanda una reforma tributaria urgente: simplificar los regímenes actuales en dos (uno para las pequeñas unidades y otro para el régimen general) y reducir los impuestos como parte de una estrategia de formalización y expansión de la base tributaria. Igualmente, se requiere una reforma laboral que pase por la flexibilidad de los contratos de trabajo, tal como sucede con cerca del 80% de las relaciones laborales en las economías emergentes.
El Ejecutivo, el Congreso y los políticos que detentan el poder luego del fallido golpe de Castillo tienen que hacer un giro dramático y abandonar cualquier sombra que los vincule con el pasado programa de Perú Libre. En otras palabras, deben recuperar la coherencia económica, una de las condiciones necesarias para restablecer la coherencia política. De lo contrario, las tendencias recesivas y el bajo crecimiento seguirán consolidándose y el Perú llegará al 2026 como una sociedad con pobreza en aumento.
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