Alrededor de 40,000 hectáreas de cultivos del proyecto ...
En el Gobierno de Dina Boluarte y en el Congreso de la República se considera que se puede gobernar bajo el espíritu de la Constitución de 1993 sin derogar los decretos laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) del Gobierno de Pedro Castillo, que prohíben la tercerización de los contratos laborales, que fomentan la sindicalización artificial en fábricas, sectores, grupos empresariales y liberalizan en extremo el derecho a huelga. Semejantes normas promulgadas por el pasado Gobierno de Perú Libre buscaban acrecentar el conflicto social en el mundo del trabajo, no solo para desalentar las nuevas inversiones, sino también para bloquear y paralizar las existentes (minería, agroexportación y servicios básicos).
Si bien el Gobierno de Castillo y del eje bolivariano no tenía fuerza para imponer su asamblea constituyente, sí desarrolló las mayores modificaciones al modelo económico de las últimas tres décadas. Las normas mencionadas partían del supuesto de que la inversión privada y la empresa “se enriquecen a partir de la explotación del trabajador, a partir de la extracción de la plusvalía”. En ese contexto, el camino para el bienestar del trabajador es la guerra de clases y la lucha sindical sin cuartel.
Al respecto vale recordar que durante la pasada administración Sagasti, empezó esta ofensiva de los sectores comunistas y progresistas, que lograron derogar la mejor ley económica de nuestra historia republicana: la Ley de Promoción Agraria, que establecía un régimen tributario promocional para atraer inversiones y un régimen de flexibilidad laboral para promover una masiva formalización del empleo. En dos décadas, los resultados fueron incuestionables: las agroexportaciones crecieron de US$ 621 millones a más de US$ 10,000 millones, se lograron inversiones de más de US$ 20,000 millones y se logró contratar a más de un millón de trabajadores formales de manera directa e indirecta. Y la pobreza en las regiones agroexportadoras bajó debajo de la media nacional.
Por todas estas consideraciones, si el Ejecutivo y el Congreso no derogan los decretos laborales de Castillo ni restablecen la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), todos los esfuerzos y logros de los peruanos para salvar el Estado de derecho del golpe fallido de Castillo y de la violencia insurreccional serán relativos. La amenaza siempre estará allí en el mediano plazo.
Las mencionadas normas parten de la brujería marxista acerca de que los trabajadores producen la riqueza y los empresarios y el sector privado se dedican al robo, a la explotación. Si esa hechicería fuese cierta, entonces, las mayores expropiaciones de la historia de la humanidad, que se desarrollaron en los países de la ex Unión Soviética –creando miles de empresas estatales– no se habrían convertido en las mayores fábricas de pobreza de la modernidad.
La idea de que solo los trabajadores producen la riqueza se llevó a límites inimaginados en los ex países soviéticos. Los trabajadores se dedicaron a producir con frenesí, pero la producción se descomponía y oxidaba en los almacenes porque no había mercados ni precios. Es decir, no existían las instituciones a través de las cuales se crea la riqueza.
Luego del colapso de los países de la ex Unión Soviética, y luego de que incluso China y Vietnam (emblemas de la iconografía comunista) se embarcaran en modelos de capitalismo de Estado, ya nadie parece repetir las leyendas marxistas sobre los trabajadores y la plusvalía. Todos parecen entender que, sin innovadores –es decir, empresarios que interpreten la demanda de los consumidores y vendan la producción en los mercados a buenos precios– es imposible crear riqueza. Y si no se crea riqueza, solo se crea pobreza.
Sin embargo, en Perú el Ejecutivo y el Congreso no se atreven a derogar las barbaries económicas en contra de la inversión, el crecimiento y la reducción de la pobreza.
COMENTARIOS