Señores congresistas, ¡no aumenten informalidad en agro!

Luego de que el Ejecutivo y el Legislativo se rindieran ante una turba de 3,000 personas, que bloquearon la Panamericana Sur, y derogaran la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, mantenida por cuatro gobiernos constitucionales sucesivos, el Congreso debate contra el reloj una nueva ley agraria en la que los temas más espinosos giran alrededor del régimen laboral.

Una primera aproximación indica que nadie en su sano juicio está proponiendo alterar la temporalidad de los contratos agrarios; es decir, la flexibilidad para contratar y culminar la relación laboral de acuerdo a la estacionalidad de los cultivos: siembra, mantenimiento, cosecha. Considerando que en los costos de producción de una agroexportadora, la fuerza de trabajo representa entre el 40% y 60% del total, desconocer la flexibilidad laboral se convertiría en el fin de las agroexportaciones. Y en la práctica, en el regreso al camino de las estatizaciones y las cooperativas, frente a la masiva quiebra empresarial que se produciría.

Por allí entonces no parece ir el tema. De pronto, los congresistas parecen haberse dado cuenta de que la derogada ley contemplaba el pago de las vacaciones y la CTS como alícuotas incorporadas dentro de los salarios. ¿Qué se puede hacer entonces para “presentar mejoras” para los trabajadores”? Se sacaría las alícuotas del sueldo y se pagaría aparte. Pero, ¿si hay contratos que solo duran tres o cuatro meses y la CTS se paga en mayo y noviembre? El resultado: el trabajador formal perderá liquidez y los bancos ganarán más con la apertura de cerca de 200,000 cuentas. Es posible incluso que los trabajadores formales se rebelen contra esta decisión del Congreso.

¿Hacia dónde entonces apuntaría el humor de las bancadas legislativas? Todo indica que a un golpe de popularidad y demagogia: aumentar el jornal mínimo de S/. 31  (S/. 39 incluyendo CTS y vacaciones) a S/ 70. Es decir, a plasmar la idea socialista, colectivista y comunista, acerca de que la riqueza se puede crear por ley y decreto. Si algunas empresas contratan entre 10,000 y 15,000 trabajadores por campaña y la fuerza laboral representa entre 40% y el 60% de los costos totales, es incuestionable que ni siquiera las grandes corporaciones resistirán este desquiciamiento económico. Ni qué decir del 80% (pequeñas empresas) del total de 8,000 unidades que participan en la cadena agroexportadora. De ninguna manera.

Si se toma esa decisión, el sector agroexportador habrá sido herido de muerte. Y la “nueva reforma agraria” que promueven los comunistas y el Foro de Sao Paulo habrá empezado en el Perú gracias a la ceguera del actual Congreso. Quiebras y multiplicación de la informalidad será la constante.

Las bancadas del Congreso deberían reflexionar alrededor de la responsabilidad que están asumiendo. Por ejemplo, deberían analizar, mediante una pequeña investigación económica y encuestas, cuál ha sido el efecto real de la nueva Ley de la Trabajadora del Hogar que aprobaron unos meses atrás. Como se recuerda, se estableció un sueldo entero para CTS, gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, en vez de la media remuneración de antes. ¿Cuál ha sido el efecto? La mayoría de personas que trabajaba en esta actividad, frente a la destrucción de la clase media por la pandemia y la megarresión, hoy no encuentra trabajo o solo trabaja por horas. Únicamente las familias más ricas de la sociedad pueden contratar a una trabajadora del hogar de acuerdo a la nueva ley del Legislativo. El resultado: menos trabajo y total informalidad.

Por todas estas consideraciones, las bancadas del Congreso no deberían caer en el abismo de la demagogia. En medio de la destrucción institucional, política, económica y social que nos deja la pasada administración Vizcarra, aprobar una normatividad que significará la destrucción de las agroexportaciones resulta un verdadero crimen social.