¡Se lentifica reducción de pobreza!

Un Perú sin reformas está condenado a aumentar pobres

Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI) en el 2016 la pobreza en el Perú bajó de 21.8% a 20.7%. Es decir algo más de un punto porcentual. Un dato adicional: en el área urbana hay 13.9% de pobres, en tanto que en áreas rurales la pobreza alcanza a 43.9% de la población.

Si consideramos que el año pasado la economía creció en 3.9% del PBI, significa que con ese nivel de expansión económica recién en veinte años estaríamos en condiciones de arrinconar a la pobreza. El propio INEI señala que el crecimiento económico explica en más de un 90% la reducción de pobreza del 2016; entonces es más que evidente la relación entre crecimiento y reducción de pobreza.

En el Instituto de Economía de la Cámara de Comercio de Lima se ha señalado que el Perú necesita crecer por encima del 3.5% para crear empleo para los más de 250,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la población económicamente activa. De lo contrario, se corre el riesgo de volver a aumentar pobreza. Discutir la relación entre expansión del PBI y la reducción de pobreza, pues, es asunto crucial para el Perú.

Según diversos estudios de organismos multilaterales, el crecimiento del PBI explica en 75% aproximadamente la reducción de pobreza del 54% al 20% que se ha producido desde el 2004. El resto tiene que ver con las políticas de redistribución del Estado. Si tomamos en cuenta que la expansión de los programas sociales parece improbable por la caída de la recaudación tributaria, la pobreza puede volver a ser uno de los flagelos que afecte a nuestra sociedad. ¿Qué hacer entonces para relanzar el crecimiento?

El Perú crecerá el 2017 menos de 3%, según todos los pronósticos, debido a los impactos del caso Lava Jato en la paralización de alrededor de la mitad de los US$ 18,000 millones que el gobierno pensaba destrabar en obras de infraestructura, y también debido también al fenómeno de El Niño costero en gran parte de la infraestructura nacional. De otro lado, los efectos positivos del plan de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios recién se verán a partir del 2018. Es más, la sostenida caída de la inversión pública y privada agrega más pesimismo al entorno económico del presente año.

En otras palabras si el Perú no produce un shock político e institucional que se exprese en reformas que le brinden competitividad a la economía está condenado a ralentizar su crecimiento y a caer en los círculos viciosos que envuelven a las sociedades atrapadas en la trampa de ingresos medios.

En este contexto, para mejorar la salud del sistema institucional se necesita un entendimiento entre el Ejecutivo —que apenas cuenta con la tercera bancada del Legislativo— y la mayoría absoluta del fujimorismo que controla el Congreso. Sin ese acuerdo no se emitirán las señales políticas de confianza para que se enciendan los motores de la economía; sobre todo el de la inversión privada, que representa el 80% del total invertido en el país.

Asimismo existen reformas claves a nivel institucional que deben permitir relanzar las inversiones en infraestructura —a través de las modalidades de las asociaciones público privadas y obras por impuestos— y los emprendimientos en minería. Siempre vale recordar que las inversiones en infraestructura y en minería suman más de la mitad del total de la inversión privada.

La lista de reformas es larga. Desde las reformas institucionales, la solución de los déficits de infraestructura, las reformas de educación y de salud hasta la temida reforma laboral. Sin embargo, el sistema político se envuelve en una absurda polarización entre oficialismo y oposición mientras las reformas de fondo que necesita el Perú pasan a un segundo plano.