¡Restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria ahora!

El Perú está en recesión económica y con una clara tendencia al aumento de la pobreza en medio de terribles señales del Ejecutivo, tales como la estatización de la política petrolera a través del despilfarro de recursos fiscales en reflotar Petroperú. Y lo más grave: contraviniendo la Constitución Política del Perú, el Ejecutivo ha adjudicado de manera directa tres lotes petroleros con concesiones vencidas a pesar del interés del sector privado.

En este contexto, las bancadas de la centro derecha en el Congreso, que cumplieron un papel destacado en enfrentar el golpe de Pedro Castillo, deben apuntar con absoluta claridad a cambiar el curso de las cosas hacia el 2026. De lo contrario, la inversión privada seguirá cayendo y acumulará un tercer año de descenso y la tendencia al aumento de pobreza en la sociedad se consolidará inevitablemente.

Las bancadas de la centro derecha en el Legislativo no solo deberían desarrollar una oposición para preservar el modelo, sino también deberían enviar señales claras acerca de que las tendencias izquierdistas y estatistas del Ejecutivo no comprometen la vigencia plena de la Constitución. Como parte de ese proceso, el Congreso debería derogar todas las normas promulgadas por el pasado gobierno de Castillo que apuntan a promover el conflicto entre empresarios y trabajadores: prohibición de la tercerización laboral, fomento de sindicatos artificiales en fábricas, sectores industriales y grupos económicos, y libertinaje en el ejercicio del derecho de huelga. Derogar esas normas sería enviar un poderoso mensaje a los mercados y al sector privado.

Por otro lado, una de las claves del relanzamiento económico pasa por relanzar las inversiones en agroexportaciones. Siempre vale recordar que, durante dos décadas de vigencia de la ley de Promoción Agraria (ley 27360), las agroexportaciones nacionales se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones de la actualidad. Igualmente se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y, debido al régimen tributario promocional, las utilidades se reinvertían sin cesar. Uno de los mayores procesos de reinversión de capital de la historia nacional.

Asimismo, el régimen de flexibilidad laboral que permitía contratar de acuerdo a la estacionalidad agraria (siembra, mantenimiento y cosecha) posibilitaba que algunas empresas contrataran entre 10,000 y 15,000 trabajadores, con todos los derechos sociales reconocidos. Como todos sabemos, la ley 27360 fue derogada por la administración provisional de Sagasti y, desde esa fecha a la actualidad, no se han producido nuevas inversiones en el sector agroexportador. Si los envíos al exterior seguirán creciendo este año las cosas se explican por la inercia de las inversiones anteriores. 

Vale anotar que el milagro agroexportador peruano se desarrolla sobre 250 mil hectáreas ganadas al desierto a través de diversos proyectos hídricos. Semejante cantidad de hectáreas representa el 5% del total de la superficie dedicada a la agricultura. El 95% restante es conducido por pequeños minifundistas con predios de menos de cinco hectáreas. Según diversas proyecciones, el Perú tiene la posibilidad de expandir las agroexportaciones en 400,000 hectáreas más ganadas al desierto a través de siete proyectos hídricos.

Si desde la derogatoria de la Ley 27360 no existen nuevas inversiones en el sector, ¿para qué servirá la posibilidad de expandir la frontera agrícola agroexportadora en 400 mil nuevas hectáreas? Como se ve, la derogatoria de la mencionada norma ha destruido el crecimiento de las agroexportaciones. De allí la enorme trascendencia que el Congreso asuma su papel y restablezca la plena vigencia de la Ley 27360.