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Después de 25 años, fundamentos económicos en peligro
Uno de los pilares del crecimiento económico de los últimos 25 años, que ha permitido reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20%, ha sido la fortaleza macroeconómica del Perú, que le ha valido reconocimientos y calificaciones de las agencias internacionales. Al lado de las reformas desreguladoras de los años noventa y los tratados de libre comercio firmados por el país, está la disciplina fiscal que impulsó a las autoridades a mantener el equilibrio entre ingresos y gastos del Estado con tendencia al superávit.
Las cosas marcharon tan bien en ese sentido que ahora —en evidentes tiempos de vacas flacas— el Estado puede impulsar la reconstrucción con cambios del norte echando mano del Fondo de Estabilización Fiscal, que logró sumar cerca de US$ 9,000 millones.
Al respecto César Peñaranda, director del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, advierte que, por primera vez desde las reformas económicas de los noventa, las fortalezas macroeconómicas del Perú podrían estar en cuestión si no se emprende una reforma tributaria integral, un combate frontal contra la elusión y una política integral de formalización de la economía. El motivo: este año la recaudación tributaria podría caer a 12.5% del PBI, una de las recaudaciones más bajas en las últimas décadas, solo comparable con las alcanzadas a mediados de los noventa.
Considerando que la recaudación fiscal en los últimos 15 años siempre estuvo cerca del 20% del PBI, las proyecciones a la baja revelan la magnitud de la crisis que el Estado puede enfrentar, sobre todo considerando que los gastos corrientes son gastos fijos, que se necesita relanzar la inversión pública para contrarrestar la sostenida caída de la inversión privada, que el déficit fiscal actual está en 3% del PBI y que, además, existe el objetivo —según el Marco Macroeconómico Multianual— de reducirlo a 1% del PBI en el 2021. ¿Cómo se pueden conseguir estos objetivos en medio de una caída de la recaudación tributaria?
Al respecto Peñaranda recuerda que la última reforma tributaria se desarrolló en 1991 y que, entre sus diversos logros, permitió organizar la actual Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). En ese contexto, Peñaranda propone que los criterios de una nueva reforma tributaria no deberían interferir con las asignación de recursos de parte del mercado; y que debería plantearse combatir la evasión tributaria, que suma cerca del 7% del PBI (3.5% IGV y 3.5% IR), y eliminar las exoneraciones tributarias, que representan alrededor del 1.5% del PBI.
Como se sabe, el Ejecutivo se ha planteado hacia el 2021 recuperar un 20% del PBI en recaudación tributaria. Como se sabe también, la inversión privada acumulará el 2017 cuatro años sucesivos de caída, situación en la cual las políticas contracíclicas se vuelven más que urgentes. En este contexto, si no se emprenden las reformas y los ajustes que profundicen las reformas desregulatorias, y el relanzamiento del sector privado como protagonista principal de un crecimiento sano y sostenido, en el acto, comenzarán a florecer todas las propuestas estatistas que buscan el momento propicio para erosionar los fundamentos de la economía de mercado.
De allí que no sea nada extraño que en las próximas semanas escuchemos propuestas en el sentido de ampliar el déficit fiscal, estudios alucinados que tratarán de demostrar que el sector minero paga menos impuestos que lo recibido en devoluciones de IGV, iniciativas que buscarán gravar cada vez más a los sectores que tributan (proceso gradual de estatización) y todas las fórmulas que suele ensayar el estatismo que ya ha fracasado en América Latina en todos los sentidos.
Es evidente entonces que la caída de la recaudación tributaria y la posibilidad de cuestionar los fundamentos macroeconómicos del Perú, inevitablemente, desatarán un intenso debate ideológico.
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