¿Preservamos el grado de inversión o salvamos a Petroperú?

Si el Perú pierde el grado de inversión por el descontrol del déficit fiscal, entonces el gobierno de Dina Boluarte ya no solo será recordado por representar la sucesión constitucional luego del golpe fallido de Pedro Castillo y por haber defendido el Estado de derecho frente a las olas de violencia insurreccional, sino por el desmanejo del déficit fiscal y la destrucción de la macroeconomía nacional.

Que el déficit fiscal comienza a descontrolarse nadie lo cuestiona. El año pasado se proyectaba un déficit de 2.4% del PBI; pero se llegó al 2.8%, no obstante que se desarrolló una extraña operación con el adelanto de las utilidades del Banco de la Nación en la contabilidad nacional. De lo contrario, el déficit llegaba al 3% del PBI y algunas calificadoras se habrían atrevido a retirar el grado de inversión que costó sangre, sudor y lágrimas a varias generaciones de peruanos. Para este año se proyectaba un déficit de 2% del PBI, pero el Ejecutivo cambió la trayectoria fiscal estableciendo un forado fiscal del 2.8%. Sin embargo, hasta julio de este año el déficit acumulaba 4%. ¿Cómo así el Ejecutivo logrará cumplir con sus propias metas fiscales? Parece imposible. 

Lo más grave es que el Ejecutivo pretende arrimarle el problema al gobierno que se instalará el 2026. Vale señalar que antes de la pandemia y el gobierno de Pedro Castillo, el Perú era un ejemplo mundial en el manejo de esta variable económica: el promedio del déficit era de 1%. Luego de la pandemia se ajustaron las proyecciones y la idea era que el 2026 se recuperara el 1% del déficit. Sin embargo, el actual Ejecutivo ha pateado ese objetivo nacional hasta el 2028. En otras palabras, ahora yo me dedico a gastar como un adolescente irresponsable y los que vengan luego enfrenten al toro del déficit y la amenaza de la inflación.

Una de las causas de ese déficit son los sucesivos rescates financieros y deudas que acumula Petroperú desde el 2016 hasta la fecha, que sobrepasan los US$ 4,000 millones. La petrolera estatal se ha convertido en una fuente permanente de sangría de recursos fiscales y acumula una deuda en bonos y deudas con proveedores, el Estado y empresas europeas de más de US$ 8,500 millones. En este contexto, Petroperú necesita US$ 1,400 millones de manera inmediata para seguir operando, y el directorio ha emplazado al Ejecutivo a definir posiciones: se seguía con los rescates financieros, se establecía la liquidación de la petrolera o se reorganizaba corporativamente la petrolera. Lo cierto es que algo sucedió y los trascendidos indicaban que la presidente Dina Boluarte había pedido la remoción del directorio y su reemplazo por connotados funcionarios vinculados al cerronismo.

Allí parecen estar las cosas, y lo más probable es que se mantenga el actual directorio y se aleje la amenaza del cerronismo ante la movilización nacional de políticos y gremios empresariales. Sin embargo, la falta de claridad en el Ejecutivo y en el propio directorio de la petrolera estatal obligan a los peruanos de buena voluntad a sostener que la sangría de recursos fiscales debe detenerse ya, porque de una u otra manera, podemos avanzar a una disyuntiva que no parece irreal: o mantenemos el grado de inversión del país o seguimos con los perpetuos rescates de Petroperú.

En cualquier caso, el Perú padece una de las lacras del Estado empresario que, durante los años ochenta, generó déficits fiscales sobre el 10% del PBI y desató una de las hiperinflaciones más devastadoras de la historia económica en el planeta. Petroperú, una de esas empresas del Estado empresario del velasquismo, nunca se privatizó, y hoy presiona sobre el déficit con una sangría fiscal que parece imposible detener.