No arrojemos al niño con la bañera

Caso Lava Jato golpea duramente a la economía

Existe un refrán popular que nos previene de arrojar al niño con el agua sucia de la bañera. Quizá este dicho valga para sugerirles a algunos congresistas actuar con prudencia frente a diversos actores de la economía que comienzan a ser acusados gratuitamente de estar implicados en el escándalo Odebrecht. De pronto, estudios de abogados, empresas, consultoras y hasta la propia Universidad del Pacífico —por haber desarrollado un estudio— comienzan a ser imputados de “algo” por haber tenido relaciones con algunas empresas brasileñas.

Tres cosas al respecto. Primero, diversos sectores del sistema institucional, político y económico, se relacionaron con las empresas brasileñas por la envergadura de los proyectos e inversiones en infraestructuras, sin necesidad de participar en algo ilícito. Segundo, en lo que respecta al caso Lava Jato hay poco margen para las especulaciones, porque las investigaciones vienen del Brasil y Estados Unidos, y se señalan cuentas y movimientos bancarios irrefutables. Los delitos entonces son incuestionables. Y tercero, las acusaciones y especulaciones sin fundamento comienzan a dañar a la economía nacional. Y aquí reside el gigantesco problema que subyace a la superficie.

El caso Lava Jato empieza a tener efectos devastadores para la economía. Por ejemplo, cerca de la mitad de los US$ 18,OOO millones que la administración PPK se había propuesto destrabar en obras de infraestructura ya no van, por los casos de corrupción. El Gasoducto del Sur es el caso paradigmático. Semejante frenazo se producirá en medio de una caída general de la inversión. La inversión privada, por ejemplo, ha venido reduciéndose significativamente en los últimos tres años. Algo muy grave, porque ella representa el 20% del PBI y explica el 80% del total invertido en el país.

Ante semejante escenario, el economista César Peñaranda nos señala que parece difícil que el Perú crezca más que el año pasado, y que para seguir reduciendo pobreza necesitamos expandir la economía entre 3.5% y 4% anualmente como mínimo. La razón: la necesidad de crear empleo para los 270,000 nuevos trabajadores que se incorporan a la Población Económicamente Activa cada año.

El gran problema de este escenario negativo para la economía es que el estancamiento bloquea las posibilidades para el mediano y largo plazo; sobre todo considerando que el 2018 el aporte de la minería será casi nulo, habida cuenta de que no existen nuevos proyectos.

Pero no solo se trata de problemas coyunturales. La administración PPK durante su primer año solo ha lanzado una audaz reforma desregulatoria del Estado, pero ha sido incapaz de dar los primeros pasos en otras reformas estructurales, tales como la reforma laboral y el shock urgente en infraestructuras que el Perú necesita para recuperar tasas altas de crecimiento. La posibilidad de reformas estructurales se aleja cada vez más, en tanto el gobierno pierde popularidad y se avecina el segundo semestre del 2017, en el que deben comenzar a encenderse los motores de las elecciones regionales del 2018.

La economía peruana, pues, parece convertirse en una sucesión de malas noticias. Sin embargo lo peor en la guerra es rendirse antes de haber presentado todas las batallas. La administración PPK debería proponerse relanzar la cartera de proyectos mineros, sobre todo los emprendimientos de Conga y Tía María, para enviar un mensaje claro: los peruanos necesitamos con extrema urgencia de la minería para evitar que la economía se ralentice y resucite el estatismo en el 2021.

Igualmente, la batalla de las reformas de segunda generación resulta crucial. Una administración que se lanza a destrabar la inversión privada, a flexibilizar una de las legislaciones laborales más rígida del planeta y a relanzar las asociaciones público privadas —con los necesarios ajustes y reformas— para solucionar los problemas de infraestructuras, es un gobierno que se resiste a que el caso Lava Jato también devore a la economía. En este contexto quizá vale preguntarse, ¿cómo hacemos para luchar contra la corrupción y, al mismo tiempo, evitamos que la economía se paralice?