Michiquillay sigue adelante

En 2011 Marco Arana —hoy congresista del Frente Amplio (FA)— fue el principal artífice de la paralización del proyecto cuprífero Conga, en Cajamarca, una de las inversiones más importante del norte y del país: US$ 4,800 millones. Los US$ 1.5 millones de donaciones extranjeras que recibe la ONG Grufides de Arana sirven para detener las actividades productivas del Perú. Arana, esta vez en Arequipa, está soliviantando a las autoridades y pobladores en contra de proyecto Tía María. 

El ex sacerdote —elegido congresista en las elecciones 2016 por 53 votos de diferencia, después de una controversia por un supuesto fraude en las actas electorales que habría perjudicado a su compañero de lista Juan Regalado— miente descaradamente respecto a los supuestos impactos ambientales que provocará Tía María. En los planes de Arana también está detener Michiquillay, en Cajamarca, una inversión de US$ 2,500 millones. 

Por Arana y Gregorio Santos —ex presidente regional de Cajamarca y militante de Perú Libre (PL), partido de Vladimir Cerrón, el gobernador de Junín con orden de captura por una sentencia judicial que lo encontró culpable de actos de corrupción— la minería en Cajamarca no avanza. La gran obra del comunismo es la parálisis económica y social en la región del norte, una de las más pobres del país, con cerca del 55% de la población en estado de pobreza. 

Según el Ministerio de Energía y Minas, Cajamarca acumula el 27.7% de los proyectos mineros pendientes. Conga, Quilish, Galeno, Michiquillay, Shahuindo y otros proyectos de cobre suman alrededor de US$ 16,000 millones. No obstante todas las adversidades, el entusiasmo por Michiquillay no se detiene. Si todo marcha bien, la concesionaria planea construir la mina en 2022 e iniciar la producción en 2025, con 225,000 toneladas de cobre anuales, en un yacimiento de 4,283 millones de toneladas métricas de pórfido de cobre al 97%, y otros minerales como oro, plata y molibdeno. 

Con estas inversiones, Cajamarca hace rato hubiera despegado. Se hubiera convertido en región ejemplar. La minería hubiera impulsado el agro y la ganadería. Los proyectos hídricos, como los reservorios Chailhuagón y San José, y las represas de los ríos Rejo y Grande, en Celendín y Cajamarca, se hubieran multiplicado. Por ahora, un fondo social de US$ 400 millones, con recursos de Michiquillay, está contribuyendo al desarrollo de Cajamarca, principalmente en los distritos de la zona de influencia minera, como La Encañada, Baños del Inca, Llacanora y Namora.

Para Chile, primer productor de cobre mundial, la minería es sinónimo de progreso y bienestar. En Antofagasta, la Perla del Norte, más de 200 empresas mineras producen el 55% del cobre chileno, además del 100% de los yacimientos de litio de Chile. En el norte, un clúster minero ofrece beneficios directos a la población. En 2018 la pobreza solo afectaba al 5.4% de la población de esa región, siendo la media nacional de 20.7%. El desempleo, de 10%, es el más bajo del país y los sueldos están por encima de la media nacional. El ingreso per cápita de Antofagasta es del estándar europeo, por encima de los US$ 37,000. En la región, 12 plantas desalinizadoras abastecen de agua potables a cerca de 600,000 personas; y San Pedro de Atacama (conocido por los salares, volcanes, géiseres y aguas termales) es el cuarto destino turístico de Chile. Por esto, nos preguntamos, ¿qué le falta al Corredor Minero del Sur (Apurímac, Arequipa y Puno) y a Cajamarca, en el norte, para alcanzar los niveles logrados en Antofagasta?

Mientras la economía chilena avanza por la minería y sus actividades agroexportadoras y forestales, la izquierda peruana insiste en que el desarrollo de la minería es una actividad primaria, de “modelo extractivista”, que no aporta “valor agregado”, y que limita la “diversidad productiva” del país. Palabrería de los comunistas criollos, utilizada para confundir a la población.