¡Michiquillay revivirá Cajamarca!

Con el contrato de transferencia del proyecto Michiquillay (Cajamarca), firmado por representantes del Estado y de la minera Southern, se inicia la construcción de la mina, con la anuencia mayoritaria de los comuneros de las localidades de La Encañada y Michiquillay. La producción de 225,000 toneladas finas de cobre al año, (9.2% de la cantidad total producida en el Perú en el 2017) les devolverá a los cajamarquinos las posibilidades de recuperación social y económica.

Por años la ONG Grufides, del congresista Marco Arana (Frente Amplio), ha intentado detener el proyecto aduciendo incumplimientos de acuerdos y deterioro del medio ambiente. En 2008 pretendió bloquear un acuerdo social que permitía que la comunidad de Michiquillay otorgue a la compañía AngloAmerican (la concesionaria de entonces) licencia para iniciar los trabajos de exploración. Asimismo, activistas de la extrema izquierda se autodenominan dirigentes para evitar toda clase de convenios entre las comunidades y la minera. En 2014 AngloAmerican decidió retirarse del lugar por la falta de garantías para las inversiones, acción que fue aprovechada por Grufides para anunciar incumplimiento de acuerdos.

Tanto Arana como Gregorio Santos —del Movimiento de Afirmación Social (MAS)—, Idelso Hernández —de la Federación Regional de Rondas Campesinas, Urbanas e Indígenas— y otros dirigentes utilizan las protestas antimineras como plataforma política. Por ellos la economía de Cajamarca se hundió de manera estrepitosa. Se le hizo creer a los pobladores, sin ningún sustento, que sus tierras se volverán estériles, que la minera les quitará el agua de sus regadíos y que el aire se contaminará. La tragedia de Cajamarca comenzó con la paralización del proyecto Conga, pero luego se produjo el bloqueo de Galeno, La Granja y Michiquillay. Todo el cinturón de cobre del norte, con capacidad de producir más de un millón de toneladas del metal rojo, se paralizó y los cajamarquinos se hundieron en miseria.

Para el 2016, según el informe Índice Compuesto de Actividad Económica (ICAE), la economía de Cajamarca se había deprimido en -5.3%, sin posibilidades de recuperación. El hundimiento de la economía se tradujo en el deterioro social de la población. Y los estudiantes universitarios, con profesiones relacionadas con las actividades mineras, quedaron sin oportunidades de trabajo.

El turismo, que fue una importante fuente económica para Cajamarca, no levanta. Según la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP), entre el 2017 y el 2021 la inversión hotelera en el país alcanzará los US$ 1,141 millones. En Lima se construirán 33 hoteles y 29 entre Piura, Cusco, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Loreto, San Martín, Abancay, Tacna y Huancayo. En Cajamarca no se construirá nada. Queda claro, entonces, que mientras Cajamarca siga teniendo autoridades vinculadas al círculo antiminero la situación de pobreza continuará. Un verdadero crimen social.

Hoy todo está cambiando. Los dirigentes de las comunidades de influencia directa no se quedan con las manos cruzadas frente a las hostilidades de los Santos, Arana y Hernández. Defenderán “con dientes y uñas” el progreso de sus pueblos. Están decididos a enfrentar a los piquetes de antimineros que han comenzado a estacionarse en el lugar. Un importante número de jóvenes —dirigidos por Jesús Díaz, presidente de la comunidad de Michiquillay— apoyan el proyecto y denuncian actividades de amedrentamiento por parte de los activistas de izquierda dentro de la población. Asimismo, Eulogio Llanos, dirigente de La Encañada, también apoya el proyecto y espera que se realice cuidando el medio ambiente y ofreciendo trabajo a los pobladores.

El inicio de Michiquillay abrirá las puertas a los proyectos Galeno, La Granja, Shahuindo y, ¿por qué no?, a Conga. Cajamarca volvería al camino hacia el progreso, convirtiendo a la región en la más desarrollada de la sierra norte: más colegios, hospitales, universidades, carreteras, redes eléctricas, y diversidad de industrias de bienes y servicios a disposición de la población.