¡Luchar contra la corrupción y relanzar el crecimiento!

Perú puede volver a aumentar pobreza

La necesaria e impostergable lucha contra la corrupción que ha desencadenado el caso Lava Jato de ninguna manera debería llevarnos a relativizar el necesario e impostergable relanzamiento del crecimiento para seguir reduciendo pobreza a ritmos aceptables. La corrupción de las empresas brasileñas, en la práctica, ya ha afectado más de la mitad de los US$ 18,000 millones que el gobierno se había propuesto destrabar en obras de infraestructura y los efectos de El Niño costero han empujado cerca de la recesión a todo el norte del Perú.

En este contexto, todos los pronósticos nacionales e internacionales señalan que en el 2017 el Perú no crecerá más de 3%. Una cifra preocupante. Para no aumentar pobreza y absorber la demanda de más de 250,000 jóvenes que se agregan a la población económicamente activa, el país necesita crecer por encima del 3.5%. Si a esta situación le sumamos la evidente caída de la recaudación tributaria, que imposibilita la expansión de los programas sociales, es posible que el Perú, luego de una década y media de haber liderado la reducción de pobreza en la región, vuelva a ser una sociedad que incrementa este flagelo social.

Para la izquierda ningunear el crecimiento es parte de su estrategia de poder hacia el 2021. Una sociedad que ralentiza el crecimiento y vuelve a aumentar pobreza es el mejor escenario para que prosperen las propuestas antisistema en las elecciones del Bicentenario.

De allí que algunos consideren que la lucha contra la corrupción puede relativizar la necesidad de relanzar el crecimiento. ¿A qué vamos? En el Ejecutivo y el Legislativo parece haber una competencia desbocada alrededor de quién presenta la denuncia más severa y logra el mayor impacto mediático en la lucha contra la corrupción, como si se tratara de competir con fiscales y jueces. Es innegable que a esta situación contribuyen los retrasos judiciales en las investigaciones a los ex presidentes Toledo y Humala. Quizá no habría esta competencia si existiesen resultados palpables en estos temas.

¿Cómo se expresan estos desvaríos de los poderes políticos? Por ejemplo en el Ejecutivo, la labor del Ministerio de Justicia y de los procuradores no parece interesada en establecer las indemnizaciones que debería demandar el Estado a las empresas brasileñas comprometidas en corrupción; a pesar de que se necesita una vía rápida ante el Ministerio Público y el Poder Judicial para precisar las sumas definitivas de las reparaciones. Con este procedimiento sería relativamente fácil que se promuevan las transferencias de activos de proyectos de infraestructura paralizados por el caso Lava Jato, tales como Vías Nuevas de Lima, IIRSA Norte, IIRSA Sur, trasvase del proyecto Olmos y Chavimochic III Etapa. En otras palabras, los proyectos volverían a caminar con rapidez.

En el Congreso, igualmente, un sector del fujimorismo parece haberse contagiado de esta voluntad de competir en quién aparece “luchando con más consecuencia contra la corrupción”. La congresista Karina Beteta ha presentado una iniciativa que pretende excluir a todas las empresas peruanas investigadas por vínculos con las empresas brasileñas. En realidad una iniciativa de este tipo golpearía prácticamente a todas las grandes empresas de construcción del Perú, porque casi todas ellas actuaron como subcontratistas de las compañías brasileñas. Un golpe a la economía que no solo remecería al sector construcción, sino también a algunos bancos y sectores financieros. Es decir, un terremoto para la economía nacional.

Al margen de los principios constitucionales que señalan que las personas jurídicas e individuales son inocentes hasta que el Poder Judicial pruebe lo contrario, es incuestionable que si se pretende liquidar el stock nacional empresarial de la construcción sería bastante complicado que empresas estadounidenses, canadienses y australianas inviertan en el Perú —en reemplazo de las brasileñas— si no tienen potenciales aliados para la subcontratación.

En todo caso lo que estamos planteando es que la lucha contra la corrupción no debe llevarnos a relativizar el crecimiento, tal como sueña la izquierda en el Perú. Quizá si el Ministerio Público y el Poder Judicial ya hubiesen avanzado más en los casos Toledo y Humala, los políticos del Ejecutivo y el Legislativo no estarían en esta extraña competencia.