Alrededor de 40,000 hectáreas de cultivos del proyecto ...
Durante el año y medio de gobierno de Pedro Castillo los sectores radicales antimineros se sintieron empoderados a tal extremo que, de una u otra manera, lograron detener o reducir el potencial de producción de las minas nacionales. En el 2022 la inversión privada cayó en 12%, sobre todo porque la inversión minera se desplomó en 23.2%, en el preciso momento en que los precios de los minerales –sobre todo los del cobre– alcanzaban récords históricos.
En este contexto, Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grandes del planeta, redujo su producción a casi la mitad. No obstante tener una proyección anual de producción de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) el año pasado apenas produjo 220,000 TMC. La única explicación de esta barbarie económica y social, sobre todo en contra de los pobres y emprendedores de Apurímac, es la conflictividad social y el respaldo al radicalismo que hubo desde el Gobierno de Castillo.
En recientes videos propalados por Las Bambas se informa que desde el inicio de las operaciones en el 2016 hasta el presente se han acumulado 17 meses de paralizaciones por el bloqueo del corredor minero del sur, que ha impedido trasladar el mineral hacia el puerto. Los observadores mundiales se preguntan cómo así una megainversión de más de US$ 10,000 millones fue boicoteada por el propio Gobierno y el Estado. El fin del Gobierno de Castillo también debería ser analizado por esta forma de traicionar los intereses del Perú.
Cuando se sostiene que la caída de la producción de Las Bambas es una traición a los pobres y los emprendedores de Apurímac no estamos ante una frase vacía. Según videos difundidos por Las Bambas, la inversión minera crea más de 75,000 puestos de trabajo directos e indirectos; pero he aquí lo más sorprendente: más del 32% de la fuerza laboral proviene de la región Apurímac.
En otro video desarrollado por Las Bambas se informa que la empresa ha creado el programa “Plan de desarrollo de empresarios locales en las zonas de influencia”, que ha posibilitado que entre el 2016 y el 2022 (tiempo total de la operación) la mina compre a proveedores de la región Apurímac más de S/ 1400 millones, mientras se han adquirido más de S/ 390 millones a proveedores de la región Cusco. En otras palabras, ha existido una clara estrategia de Las Bambas para crear una red empresarial de servicios y comercio que genere empleo y enriquezca la economía de los distritos del área de influencia, con el objeto de acelerar la reducción de la pobreza.
En uno de los documentos fílmicos propalados por la empresa se describe cómo la empresa Apu Llallawa incluye a las 710 familias de la Nueva Fuerabamba; es decir, ellos son dueños de la empresa comunitaria. Apu Llallawa empezó sus actividades con un servicio de volquete y siete buses. En la actualidad ya cuenta con 12 buses modernos para el transporte. Pero la mencionada empresa multiplicará sus posibilidades luego de firmar el contrato para transportar el concentrado de mineral que produce Las Bambas.
Algo parecido sucede con la empresa de servicios de transportes Huacri, que alude a las iniciales de los apellidos Huamaní y Criol, los dueños de la iniciativa empresarial. Este emprendimiento comenzó con tres minivans, pero ahora cuenta con 10 buses modernos para el transporte.
Como se aprecia, cuando se sostiene que el ataque a Las Bambas es un ataque a los pobres de Apurímac y a los pobres del Perú no hay nada de exagerado. Y si a esto le agregamos que la operación minera representa el 1% del PBI y el 9% del PBI minero no es descabellado sostener que estamos ante una forma de traicionar a la patria.
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