La informalidad laboral sigue amenazando al Perú

Uno de los grandes temas ausentes del mensaje presidencial de Fiestas Patrias fue la informalidad laboral en el Perú que, según la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), hoy supera el 75% de la población económicamente activa. La presidente Dina Boluarte, por ejemplo, no mencionó los decretos laborales del Gobierno de Pedro Castillo, que generan informalidad, prohíben la tercerización laboral, fomentan la sindicalización artificial en fábricas, sectores económicos y grupos empresariales, y liberalizan en extremo el derecho de huelga. Según todos los especialistas estas normas fomentan el enfrentamiento entre empresarios y trabajadores y acrecientan la informalidad laboral.

Los señalados decretos laborales motivaron el retiro de los representantes del empresariado del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El motivo: las normas mencionadas se promulgaron sin consultar a los gremios empresariales y se violó el principio tripartito (Estado, trabajadores y empresarios) – establecido en la Constitución y los tratados internacionales– en la elaboración de las normas laborales. En este contexto, la presidente Boluarte abogó por restablecer el diálogo en el CNT, pero con el objetivo de aumentar el sueldo mínimo vital. En otras palabras, convocó al diálogo para seguir promoviendo una medida que aumentará la informalidad en el país. No se pueden establecer salarios por decretos o decisiones políticas, y al margen de la productividad y la realidad de las empresas.

Según los informes del Instituto Nacional de Estadística el 93% de la informalidad laboral se concentra en empresas o negocios menores de 20 trabajadores. Es decir, en las micro y pequeñas empresas que representan alrededor del 90% del total del tejido empresarial. 

Algunos sectores señalan que la informalidad laboral se irá superando en la medida que la economía aumente la productividad y competitividad, creando un tejido extendido de medianas empresas. Hoy en el Perú solo hay grandes empresas, y micro y pequeñas empresas. No hay un tejido empresarial de medianas empresas, tal como sucede en cualquier economía desarrollada. ¿Por qué se presenta semejante situación? Porque las grandes empresas en el país se constituyen a partir de la inversión extranjera en minería, agroexportaciones, construcción y servicios, mientras que solo un puñado de micro y pequeñas empresas nacionales logran sortear las sobrerregulaciones del Estado y convertirse en medianas.

Los mayores escollos para las micro y pequeñas empresas –que concentran casi toda la informalidad en el empleo– para acceder a la formalidad es el régimen tributario y el sistema laboral. En cuanto al tema tributario, necesita simplificarse con extrema rapidez en dos sistemas: uno general y otro promotor para las pequeñas unidades empresariales. Sobre ese principio debe existir un criterio de avanzar hacia la reducción de impuestos para extender la base tributaria y multiplicar la recaudación fiscal.

Sin embargo, es en el tema laboral en que el Perú debe desarrollar una gigantesca batalla cultural para invertir la mirada con que se analizan las cosas. En todas las leyes laborales del país, de una u otra manera, está incorporada la idea acerca de que el trabajador debe ser protegido de los abusos del empresario o el empleador. Semejante aproximación parte de la idea de que es el trabajador es el que produce la riqueza, y no la inversión privada y la permanente innovación tecnológica. En otras palabras, nuestra legislación laboral es una con una enorme influencia marxista y proteccionista. De allí la semi estabilidad laboral que, en gran parte, explica la extendida informalidad.

Los países desarrollados, que alcanzan el pleno empleo y el bienestar de los trabajadores, muy por el contrario, parten del criterio de que es la innovación empresarial la fuente de la riqueza de la sociedad, y bajo ese concepto, consagran la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. Las inversiones se multiplican de tal manera que el pleno empleo eleva los salarios y, en muchos casos, los trabajadores eligen dónde y cómo trabajar.

La informalidad laboral, pues, se ha convertido en el Perú en uno de los monstruos más aterradores que debemos enfrentar para relanzar el crecimiento. Y el único camino que existe es mediante la generalización de la flexibilidad laboral, tal como sucede en todos los mercados emergentes del país, ya sea en Puno, Juliaca, Huancayo y Piura, por ejemplo. Y ni el Ejecutivo ni el Congreso pretenden abordar el problema debido a la influencia de las narrativas progresistas sobre “la explotación de los trabajadores”.