La flexibilidad laboral versus el Estado empleador

¿Por qué las sobrerregulaciones laborales y la ideología de la estabilidad laboral siguen vigentes en el Perú a pesar de haber sido la fuente de una impresionante informalidad (más del 85% del empleo)? ¿Por qué la clase política sigue aceptando los criterios de la Ley General de Trabajo para contratar trabajadores –que representan alrededor del 50% del costo sobre el salario– y que solo pueden ser pagados por las grandes corporaciones? 

La única respuesta a estas interrogantes: el colectivismo ha ganado los sentidos comunes de la clase política y de gran parte de la sociedad. La legislación laboral –y en general todas las regulaciones económicas– en el país no son proinversión, pro empresa o pro capitalista, como sucede en todas las sociedades desarrolladas y lo exigen los mercados emergentes y populares del país.

Vale subrayar que los países con mayor flexibilidad laboral en el planeta (Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Estados Unidos, entre otros) tienen un nivel de desempleo entre 3% y 5% de la población económicamente activa. Las empresas en esos países pagan apenas entre 15% y 20% sobre el salario del trabajador. En el Perú, cuando estaba vigente la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360, absurdamente derogada durante la administración Sagasti), en algunas regiones agroexportadoras (Ica, por ejemplo) se llegó al pleno empleo y la pobreza se redujo por debajo del 10% antes de la pandemia (cuando la media nacional era de 20% de la población). En general, las regiones agroexportadoras lograron reducir la pobreza por debajo del promedio nacional.

La clave entonces para promover inversiones y crear empleo suficiente y de calidad está en una legislación laboral a favor del empresario, que invierte su capital y trabaja de sol a sol. Pero no se trata solo del beneficio del capitalista: una legislación pro empresa es la única que garantiza que los trabajadores sean dueños de su destino. Hay tanto empleo que ellos deciden cómo y en qué lugar trabajar.

Ahora bien, ¿por qué en el Perú persiste una legislación colectivista que demanda que el empresario pague 50% sobre el salario y establece criterios de estabilidad laboral que ahogan el empleo? Porque el progresismo ha impuesto el sentido común acerca de que el empresario es “un chupasangre” que logra la riqueza sobre “la explotación del trabajador”. El empresario no es el innovador, el que lo arriesga todo, y que trabaja mientras los demás duermen, como sucede en los países desarrollados.

La ideología de la estabilidad laboral impide que las inversiones fluyan de aquí para allá, que se creen innumerables empresas –que nacen, sobreviven y mueren– que generan empleo suficiente en una sociedad. Igualmente, esta ideología anti trabajo condena a la mayoría de empresas a la informalidad y obstaculiza el surgimiento de una red nacional de compañías, de un capitalismo extendido en la sociedad. 

El resultado de la ideología de la estabilidad laboral es menos empleo, crecimiento limitado, informalidad generalizada y regímenes laborales especiales que solo sirven a las pequeñas y medianas empresas como refugios para evitar y sortear la voracidad fiscal del Estado.

La ideología de la estabilidad laboral, entonces, es la otra cara de la asamblea constituyente, del colectivismo y el comunismo. Es el enemigo principal del surgimiento de un sector privado poderoso y extendido, es el adversario del trabajador que elige en qué lugar trabajar ante la gran oferta de empleo y, sobre todo, es el gran aliado del Estado empleador.

El Estado empleador es otra las caras del Estado empresario. Si no hay flexibilidad laboral no hay productividad, no hay competencia y escasea el empleo. En ese contexto viene el colectivista y propone las expropiaciones para “redistribuir la riqueza”, para que el Estado se encargue del empleo. El resultado: el 80% de la población sin trabajo, en pobreza, como sucede en Venezuela y pasó en el Perú posvelasquista.