Alrededor de 40,000 hectáreas de cultivos del proyecto ...
El estado de pobreza en las comunidades indígenas es inadmisible, especialmente por la enorme riqueza desaprovechada de los bosques. De 73 millones de hectáreas (ha) forestales en la Amazonía, solamente 7 millones han sido concesionadas (de un total de 12 millones permitidas). No obstante, taladores ilegales y contrabandistas de madera han creado territorios liberados en 120,000 hectáreas de árboles maderables, debido al abandono histórico de la Amazonía por parte del Estado.
Durante el Gobierno de Alejandro Toledo, una ley destinada a promover la inversión privada pretendió resolver la situación de orfandad de la Amazonía. La norma establecía concesiones forestales por 20 años en territorios de 20,000 ha. Sin embargo, las concesiones fueron entregadas a personas naturales y jurídicas sin capacidad financiera y sin experiencia en la actividad. Con el Gobierno de Ollanta Humala se intentó corregir el error, estableciendo concesiones de 40,000 ha por 40 años. Sin embargo, la aplicación de la ley fue obstaculizada por el Ministerio del Ambiente (Minam), con Manuel Pulgar como titular. La norma era sometida a consulta previa en las comunidades amazónicas; un proceso que solo genera pobreza y miseria, cuando se manipulan los temores de la población.
El resultado de ambas normas fue el fracaso del 90% de las concesiones otorgadas. Hasta el 2014, 245 concesiones forestales fueron canceladas y 59 estaban con medidas cautelares y procedimientos sancionadores dispuestos por la autoridad forestal. Otras concesiones fueron abandonadas y revertidas al Estado. Y como no hubo concesiones que permitieran aprovechar responsablemente las riquezas amazónicas, la criminalidad organizada comenzó a imperar en los bosques: taladores ilegales, contrabandistas, narcotraficantes, extorsionadores y el senderismo encubriendo las actividades ilegales.
En lugar de la explotación racional de los recursos forestales, la tala ilegal se ha extendido incluso a los territorios de las comunidades indígenas. Presionados por la pobreza y el temor, los nativos entregan sus riquezas forestales. A la incapacidad del Estado para proteger a las comunidades nativas y los territorios forestales, se suma la política del Minam de declarar a los bosques santuarios intocables, profundizando el estancamiento de las comunidades nativas.
En el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se promulgó el D.L. 1283 con la idea –otra vez– de mejorar las inversiones forestales. El objetivo era superar los ridículos US$ 120 millones de exportaciones del sector forestal peruano, frente a los más de US$ 6,000 millones de exportaciones de madera chilena ¡en tan solo 2.2 millones de hectáreas forestales! La nueva ley abreviaba los procedimientos de otorgamiento de concesiones de territorios no concedidos y concesiones que fueron revertidas al Estado.
En este escenario de pobreza –territorios “liberados” por la criminalidad, abandono de concesiones y oportunidades de desarrollo cancelados–, la izquierda plantea el Acuerdo de Escazú, que otorga a las organizaciones no gubernamentales (oenegés) vinculadas al marxismo el control de las riquezas y la soberanía amazónica. Además, si el mencionado Acuerdo es ratificado en el Congreso de la República, las obras de infraestructura serán decididas por el ambientalismo ideológico internacional, y no por la población o las autoridades peruanas. Quedarán postergados para siempre la construcción de infraestructura básica (carreteras, puertos, puentes, hidrovías, colegios, centros médicos, sistemas de electrificación, de saneamiento y comunicación) para que no se alteren los “santuarios naturales”.
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