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El Congreso ha aprobado otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en diversas materias. Sin embargo, causa especial preocupación la voluntad del Gobierno de seguir incrementando los impuestos a los ciudadanos, a las empresas y la sociedad en general, en vez de avanzar a una reforma integral del Estado nacional.
Ya se conoce que el Ejecutivo pretende aplicar IGV a servicios digitales como Netflix o Amazon Prime, y a cualquier tipo de plataforma digital de streaming, tales como Youtube, entre otros. Además, en el Gobierno se está planteando que el cobro de impuestos se realice a través de nuestras tarjetas de crédito o débito, incrementando las comisiones a pagar por parte de los ciudadanos por estos servicios.
¿Por qué el Ejecutivo está obsesionado en incrementar los impuestos a la ciudadanía? Por una sola razón: porque no tiene capacidad de reducir gastos y transformar el Estado. La imposibilidad de racionalizar los gastos del Estado es uno de signos ideológicos de las izquierdas, pues se considera que el Estado es la principal fuente de redistribución de recursos y del crecimiento económico.
El Estado peruano consume alrededor de una tercera parte del PBI nacional –que hoy está llegando a sumar US$ 260,000 millones– a través de los presupuestos del gobierno central, las regiones, los municipios, las empresas públicas, el financiamiento del déficit y los pagos de la deuda pública. Una suma enorme de gasto estatal para una sociedad de ingreso medio, y peor aún considerando los casi nulos servicios que provee el Estado, desde la seguridad ciudadana hasta la justicia.
Según Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la UPC, el promedio de la presión tributaria a nivel nacional es del 21% del PBI. Sin embargo, considerando la extendida informalidad, en Lima la presión tributaria puede representar el 41% mientras que, en otras regiones, se llega a niveles entre 5% y 1%. Los pocos tributos que se pagan fuera de Lima y la costa tienen que ver con que los ingresos de la población de la sierra y la selva son apenas de los ingresos de la población en la costa.
Planteadas las cosas así, pensar en aumentar impuestos en una sociedad con una extendida informalidad es pretender tapar el sol con un dedo y olvidar que el aumento de los impuestos solo seguirá gravando a quienes ya pagan una altísima carga tributaria, considerando que otras regiones no pagan ni podrán hacerlo.
En ese sentido, el único camino que tiene el Perú para seguir formalizando la economía y preservar los recursos de la sociedad en los mercados es reformando el Estado burocrático que ha surgido en las últimas dos décadas y que se ha convertido en el peor enemigo de la inversión privada, la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio.
El actual Estado se ha llenado de sobrerregulaciones y procedimientos para bloquear las iniciativas de la sociedad y ahogar a la inversión privada. La sobrerregulación estatal, igualmente, ha generado una frondosa burocracia y ha multiplicado el número de ministerios en base a criterios ideológicos. La influencia del pensamiento de las izquierdas no permite una reforma del Estado, la racionalización de los gastos y, por consiguiente, un nuevo manejo del déficit fiscal. Bajo esta influencia, igualmente, es imposible imaginar una reducción de los 19 ministerios del Ejecutivo y la conversión del Estado en el gran aliado de la inversión privada y la sociedad en general.
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