El Estado, enemigo de la inversión y fuente de pobreza e informalidad

A pesar de los criterios desreguladores de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio que ha firmado el Perú, el Estado peruano se ha convertido en uno de los más burocráticos de la región. En cualquier dependencia estatal –ya sea un ministerio, gobierno regional o local– siempre se encontrará una sobrerregulación imposible de franquear o un burócrata empoderado sobre los intereses de la sociedad y la ciudadanía. De una u otra manera, en el Perú se ha construido una cultura burocrática sin parangón.

Las sobrerregulaciones y procedimientos en el Estado detienen, postergan o cancelan inversiones en minería, agroexportaciones, servicios e infraestructuras, ralentizando el crecimiento. Y como todos sabemos, las bajas tasas de expansión económica van acompañadas de la imposibilidad de reducir la pobreza, o de su aumento. Por otro lado, las pequeñas y medianas unidades económicas suelen optar por desarrollar alguna forma de informalidad; de esta manera, suelen practicar algún tipo de extralegalidad en la economía. He allí una de las razones de que el Perú, no obstante ser una economía de ingreso medio, tenga los más altos niveles de informalidad de la región: alrededor del 60% de la economía y más del 75% de los empleos. Igualmente, las regiones más pobres del país –tales como Cajamarca, Puno, Ayacucho y Huancavelica– tienen niveles de pobreza sobre el 40% y cifras de informalidad que sobrepasan el 80% de la economía y la sociedad.

El Estado, pues, al convertirse en enemigo de la inversión privada se transforma también en la principal fuente de pobreza e informalidad. Es incuestionable que el Estado peruano ha devenido en la principal traba para el desarrollo nacional. Sin embargo, los sectores comunistas, progresistas y la izquierda en general han construido el relato acerca de que la pobreza, la informalidad y la exclusión están intrínsecamente ligados al “modelo neoliberal y la explotación del capitalismo”. Y al parecer, en las últimas décadas, han sido extremadamente exitosos en la construcción de estas leyendas y mentiras. ¿Por qué? Casi todas las narrativas de la izquierda desembocan en una nueva sobrerregulación contra la inversión privada y la sociedad; y sobre la base de estas historias, se ha construido el Estado burocrático enemigo de la inversión y la sociedad.

Y el diagnóstico que aquí se esboza vale para la inversión grande, mediana y pequeña. Por ejemplo, las economías informales y pobres de Puno suelen votar por las izquierdas y los radicalismos. ¿Acaso votan así por qué los puneños comparten la prédica colectivista y estatista? De ninguna manera. En Puno se vota por el radicalismo porque las izquierdas suelen liderar la crítica y las campañas contra el Estado enemigo de la sociedad; sin embargo, en vez de proponer menos sobrerregulaciones y menos burócratas, proponen más Estado, incrementar el problema.

La ausencia de una alternativa política electoral determina que las provincias del sur se inclinen por el radicalismo. Es hora entonces de organizar una propuesta que siente en el banquillo de los acusados al Estado burocrático, proponga una reducción audaz de ministerios, dependencias y de la burocracia, y que se reconozca que el protagonismo del sector privado en las últimas décadas (de las grandes y pequeñas inversiones) es lo que ha salvado la viabilidad de la sociedad.

En las últimas tres décadas, los políticos, los intelectuales y los partidos políticos, han fracasado en la construcción de un nuevo modelo estatal que superara el viejo Estado empresario, clientelista y tradicional. Sin embargo, el sector privado fue determinante para reducir la pobreza del 60% de la población a 20% (antes de la pandemia) y organizar una sociedad con grandes sectores de clases medias. A pesar del fracaso del Estado, los privados siguen aportando el 80% de los ingresos fiscales y generan más del 80% del empleo en la sociedad.