Alrededor de 40,000 hectáreas de cultivos del proyecto ...
Luego de analizar la carta enviada por el presidente Castillo –titulada “Consenso por el Perú”– a José Williams, presidente del Legislativo, es evidente que el proyecto económico del Gobierno tiene en el Estado empresario a su eje principal. Es decir, el Estado empresario que provee teléfonos, energía eléctrica e, incluso, vende arroz, leche, harina y huevos. Semejante modelo de Estado existió hasta inicios de los noventa en el Perú, y la pobreza afectó a más del 60% de la población y se perdieron varias generaciones. El mismo Estado existe en Venezuela y ha convertido al país más rico de la región en una tragedia humanitaria en donde los pobres y los niños matan a sus gatos y perros para alimentarse.
¿Cómo entonces es posible que el Ejecutivo proponga eliminar el rol subsidiario del Estado frente a la actividad privada, principio rector consagrado en la Constitución Política? ¿Hasta dónde puede llegar la ideología febril de quienes proponen reeditar tragedias y devastaciones conocidas?
Para que exista una economía de mercado y un permanente crecimiento de la inversión privada que genere empleo, es necesario que la Constitución establezca que el Estado no se entromete en los sectores que pueden desarrollar los privados. ¿Por qué? Porque las inversiones de mediano y largo plazo requieren de una protección constitucional ante la competencia desleal.
¿Qué pasaría si a un jefe de Estado en apuros se le ocurre enfrentarse a los precios del mercado para ganar un apoyo circunstancial de la gente y, entonces, crea una empresa con precios subsidiados? En ese momento estaríamos en la Venezuela de hoy. Ya sabemos qué pasa cuando aparece el jefe de Estado con su empresa propia bajo el brazo. Si se crea la empresa para servicios de telefonía, no hay teléfonos; si se crea para energía, no hay luz; y si se crea para vender arroz y huevos, hay que comerse a los gatos de la calle.
En el Perú, el sector privado aporta el 80% de los ingresos fiscales y más del 80% del empleo porque el Estado desarrolla una actividad subsidiaria del sector privado. No hay otra explicación. Y el otro rostro del Estado empresario es el Estado empleador. La intervención empresarial del Estado en la economía ralentiza la inversión privada y luego la lleva a la quiebra. En ese escenario, el caudillo comienza las expropiaciones del sector privado quebrado y crea las empresas estatales. De pronto, la ilusión del empleo público se extiende y la planilla estatal crea un déficit fiscal inmanejable. Ycomo el sector privado ha sido ralentizado los ingresos fiscales no alcanzan para la planilla del Estado empleador y el déficit se vuelve incontrolable.
En los años ochenta el déficit fiscal llegó al 10% del PBI en el Perú. y se desató la inflación que luego se volvió hiperinflación. Con esa tragedia económica pobres y ricos amanecían más pobres a la mañana siguiente. El Estado empresario había parido al Estado empleador y las tragedias del país de tres décadas atrás y las de Venezuela de hoy se escenificaron.
Por estas razones, los decretos laborales que prohíben la tercerización laboral y fomentan la sindicalización en fábricas, sectores económicos y grupos empresariales, y promueven la liberalización del derecho de huelga, de una u otra manera, buscan arrinconar el crecimiento de la inversión privada que crea empleo. Y ese es el objetivo porque los mencionados decretos están enteramente alineados con el proyecto del Estado empresario y su gemelo el Estado empleador.
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