El enemigo no está en la formalidad, sino en las causas de informalidad

En el Perú apenas el 20% del empleo es formal. Un empleo que es provisto, además, por un puñado de empresas que aportan el 80% de los recursos fiscales. Ahora bien, ¿por qué tan poco empleo formal? La respuesta es evidente. Muy pocas empresas pueden pagar los elevados costos de la formalidad (14 sueldos, CTS, vacaciones), que han convertido al Perú en uno de los diez países con las sobrerregulaciones laborales más elevadas del planeta.

Sin embargo, desde el Estado –una tendencia que se ha agravado con la administración Castillo– los burócratas consideran que la informalidad es “una estrategia de explotación empresarial”. De allí que se movilice al Estado para acosar a las pocas empresas formales, que suelen sortear todas las murallas levantadas para acceder a la legalidad.

Por ejemplo, una empresa de más de 5,000 trabajadores acaba de ser inspeccionada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil, del sector Trabajo), la municipalidad respectiva y la subprefectura, en busca de “fallas” en el cumplimiento de los derechos laborales, el funcionamiento del comité de seguridad y salud, entre otros. Como es usual en este tipo de procedimientos, no se encontraron las fallas buscadas. 

Sin embargo, la impresión de un Estado movilizado en contra de la empresa privada formal se graba en las retinas. Si consideramos que el Ejecutivo se ha propuesto convocar a una asamblea constituyente y colectivizar la economía, no debe considerarse algo extraño que las tendencias contra la empresa privada formal se multipliquen de aquí para allá. En otras palabras, imágenes como las que describimos se multiplicarán.

Para avanzar en la formalización de las empresas y el empleo, y aumentar la recaudación del Estado, se debe variar radicalmente la concepción. Por ejemplo, la enorme informalidad laboral no se explica porque los empresarios sean explotadores –como sostiene el fundamentalismo marxista–, sino porque es la única estrategia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para salvarse de la quiebra. No tienen las espaldas económicas de la empresa formal.

El Estado –ya sea a nivel del Gobierno central, regional y municipal– ha sobrerregulado de tal manera los procedimientos que deben desarrollar la sociedad y los privados para alcanzar la formalidad, que esta se ha vuelto inalcanzable para las pymes. Y es inalcanzable no solo por los elevados costos de los trámites, sino también por el tiempo que demandan estas actividades.
A veces conseguir el certificado de defensa civil exige tantos trámites, tantos procedimientos y tiempo que las pymes consideran que la informalidad es una alternativa. En Gamarra, por ejemplo, la mayoría de las pymes textiles no puede acceder al ansiado certificado de defensa civil porque, en ocasiones, los requisitos del mismo obligan a demoler un edificio. De esta manera se va construyendo una gigantesca informalidad que explica la actual situación.

Por todas estas consideraciones, el Estado debería considerar a la empresa formal como el primer aliado en la estrategia para crear empleo formal y aumentar la recaudación fiscal. Asimismo, el Estado debería entender que la informalidad es también una consecuencia del Estado que pretende sobrerregularlo todo.