El Ejecutivo se compromete a sacar adelante Majes Siguas II

El proyecto Majes Siguas II sigue enfrentado una serie de obstáculos, aunque ya solo queda un mes para que venza el contrato con la empresa concesionaria, Cobra. La fecha límite es el 24 de julio, y antes de ese día debería aprobarse la actualización del presupuesto para el proyecto agroenergético, una parte esencial para la ejecución de los términos de la Adenda 13. Pero para ello se necesita la última parte del financiamiento del proyecto, por parte de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). No obstante, el Gobierno Regional de Arequipa no autoriza este procedimiento.

No obstante, el día de ayer, en el Consejo de Ministros descentralizado realizado precisamente en Arequipa, el primer ministro, Aníbal Torres, afirmó que “tenemos que continuar fortaleciendo los sectores económicos pujantes, así como sacar adelante el proyecto Majes Siguas II... La agricultura es decisiva, no podemos obstaculizar que se incremente la frontera agrícola, que se amplíe para producir tanto para el mercado interno como para el mercado internacional”.

Es necesario recordar la magnitud y la trascendencia del proyecto Majes Siguas II, que es una excelente oportunidad para la agricultura de Arequipa y de todo el sur del Perú. Con las aguas generadas por este proyecto se regarán 40,000 ha que se incorporarán a la producción agrícola, en predios de más de 200 ha, capaces de convocar inversiones y tecnología para propiciar cadenas agroexportadoras. Todo ello generará más de 180,000 puestos de trabajo de calidad, replicando en el sur del Perú el boom agroexportador de la costa norte y del sur chico. Otra contribución importante del proyecto es que las aguas generadas por Majes Siguas II permitirá construir dos centrales hidroeléctricas (Lluta y Lluclla), que abastecerán de energía a toda la región.

La firma de la Adenda 13 del proyecto Majes Siguas II por parte del Consejo Regional de Arequipa (CRA), después de cuatro años de espera, significará el relanzamiento de la etapa de construcción del gran proyecto hídrico del sur. Como se sabe, la Adenda 13 establece el cambio del sistema de riego: en lugar de conductos abiertos (como originalmente se había propuesto) se emplearían conductos cerrados, con lo que se evitaban las pérdidas, aunque ello elevaba bastante el presupuesto del proyecto. Pero esta adenda contó desde el inicio con la aprobación del Ministerio de Agricultura y Riego, pues el aumento del costo sería cubierto por el aumento de valor de las hectáreas irrigadas con la nueva tecnología, que las hace mucho más productivas. A pesar de ello, el Consejo Regional de Arequipa, entidad encargada de aprobar la adenda, se negó a hacerlo durante varios años.

Pero ha habido muchos otros obstáculos para el proyecto Majes Siguas II. Hace más de un mes la Contraloría General inició en Arequipa un megaoperativo de control de la ejecución presupuestal de diversas entidades públicas de la región. El proyecto Majes Siguas II fue el primer intervenido, con una auditoría tanto a las obras de infraestructura como a la firma de la Adenda 13. Por su parte, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sigue postergando la instalación de una mesa de diálogo con los pequeños grupos de pobladores del distrito de Caylloma que desde hace algunas semanas están realizando protestas en los exteriores de la sede de la Autodema (Autoridad Autónoma de Majes), exigiendo ser incluidos como afectados directos por el proyecto.

El Gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre está desarrollando una estrategia para aumentar el descontento popular y la crisis económica, y culpar de ello al modelo económico vigente, sustentado en la Constitución de 1993. Por eso las auditorías sorpresivas, y el azuzamiento de ciertos sectores de la población para que se enfrenten a los proyectos que más beneficios económicos pueden generar al país. Por eso hay tantos conflictos en torno a Las Bambas, Cuajone, Tía María y también Majes Siguas II. Esperemos que lo declarado ayer en Arequipa por el primer ministro constituya un verdadero cambio de actitud del Gobierno frente a los grandes proyectos hoy tan necesarios para la economía del país y especialmente de los peruanos más pobres.