El déficit crece y el Estado no puede reducir gastos

Se acaba de conocer que el Ejecutivo ha incrementado la proyección del déficit fiscal para este año del 2% al 2.8% del PBI, no obstante el rebote de la economía y de los buenos precios de los commodities que el Perú vende en el exterior. De alguna manera, pues, el manejo del déficit empieza a perder la rigurosidad que siempre caracterizó a la economía peruana. Con respecto a nuestro modelo se solía decir que todo podía fallar, menos la macroeconomía. Hoy ya no es así.

Vale anotar que el año pasado la proyección del déficit era del 2.4% del PBI; sin embargo, a finales de año este llegó al 2.8%, desatando las alarmas de las calificadoras internacionales, algunas de las cuales le bajaron la calificación al país y llegaron a sostener que de descontrolarse el problema el Perú podía perder los grados de calificación.

En cualquier caso, en el incumplimiento de las metas de reducción del déficit juegan las decisiones del Ejecutivo de mantener e incrementar el gasto corriente y también las decisiones populistas del Congreso, tales como el nombramiento de maestros sin someterse a concurso público y sin que las plazas o puestos de trabajo hayan sido presupuestados.

El Perú es una sociedad de ingreso medio y el PBI nacional suma más de US$ 240,000 millones. El Estado –a través del gobierno central, las regiones, los municipios y las empresas públicas– consume cerca de un tercio del PBI. Una suma enorme para un país de ingreso medio, no obstante que los servicios públicos son casi inexistentes. Todo lo cual revela que el incremento del gasto y el aumento del déficit se explican, principalmente, por el incremento del gasto corriente.

En este contexto, el Ejecutivo y los políticos en vez de imaginar la reducción de los gastos del Estado pretenden aumentar impuestos, tal como se percibe en los proyectos de gravar los servicios digitales o cargar a los ciudadanos las operaciones bancarizadas de los pagos tributarios. De alguna manera, la imposibilidad de reducir los gastos del Estado y el incremento de los impuestos es uno de los nombres y apellidos principales de todos los gobiernos de izquierda.

Según investigaciones del economista Carlos Adrianzén, en Lima y en diversas regiones de la costa –considerando la informalidad y el número de ciudadanos que no tributan–, la presión tributaria puede representar el 40% mientras que en regiones de la sierra y la selva la presión tributaria está entre el 1% y el 5%. En este contexto, la única manera de avanzar en la formalización de la sociedad es reduciendo impuestos. De ninguna manera aumentándolos.

No obstante, para reducir impuestos y cerrar la brecha fiscal en el país el único camino es la reducción de los gastos del Estado. Por ejemplo, tenemos 19 ministerios, y muchos de ellos se explican por proselitismos ideológicos sin ningún vínculo con la realidad y las necesidades de la economía y la sociedad. Allí están los ministerios de la Mujer, de Ambiente, de Cultura y otros sectores que podrían funcionar a través de secretarías de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Una de las grandes reformas que debe enfrentar el Perú es el fin del Estado burocrático, del Estado sobrerregulado y de una burocracia extendida y empoderada que –al lado de la corrupción– explica en gran parte el desmanejo fiscal. El fin del Estado burocrático no solo es sinónimo de menos sobrerregulación, de menos burocracia, sino también de menos gasto estatal. Avancemos por allí.