¿Cuándo habrá agua potable para todos?

Un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), señala que el 87.4% de la población urbana tiene acceso a agua potable mediante conexiones de una red pública. En las zonas rurales solo el 68.5% accede a este beneficio. El 16.5% de esta población se abastece de agua de río, acequia, manantiales y otras formas similares. El Lima, el 90.1% de la población se abastece de agua de la red pública, y el resto todavía lo hace por medio camiones cisterna, pilones públicos, pozos subterráneos y red pública fuera de la vivienda. Según distintas entidades públicas y privadas, unas tres millones de personas no tienen acceso a agua potable en el país. 

No obstante el privilegio peruano de ser uno de los 10 países del mundo con mayores cantidades de agua dulce, los servicios de agua potable no alcanzan a la mayor parte de la población. El desabastecimiento de agua potable obedece a la falta de inversiones en los poblados alejados y a la pésima gestión de las 50 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) en todo el país. 

Los servicios que ofrecen las EPS son deficientes porque el mayor problema es su vinculación con las autoridades municipales, elegidas políticamente. Si las EPS no tuvieran ninguna conexión política la situación, tal vez, sería diferente y primarían los criterios técnicos. Además, las EPS son la caja chica de las municipales y fuente de empleo de las personas allegadas a las autoridades.

La falta de inversión por las recaudaciones es otra de las constantes en contra de las EPS. Las pérdidas económicas de las EPS son ocasionadas por las tuberías y conexiones defectuosas, falta de mantenimiento, monitoreo de las redes de agua y la cobranza del consumo del agua. Según la Asociación de Contribuyentes del Perú, de las cincuenta EPS del país, el 54% no factura el 40% del agua que se distribuye. El desperdicio de agua en las tuberías y la baja facturación por la falta de gestión ocasionan una pésima distribución de agua durante las 24 horas del día. 

En este contexto, queda demostrado que las políticas estatistas castigan a los más pobres. Y frente al evidente fracaso del Estado, la privatización de las EPS debe ser considerado. En este caso se está hablando de privatizar la administración de las EPS y no de privatizar el agua, como los sectores izquierdistas señalan, pretendiendo confundir a la población. 

El fracaso de las EPS se explica por la pésima gestión de las 50 EPS del país. Catorce EPS están intervenidas mediante un Régimen de Apoyo Transitorio por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). En la práctica, muchas EPS están quebradas por la ausencia de inversiones, nuevas conexiones y la poca capacidad técnica de los empleados, contratados por la autoridad política por razones clientelistas. Y también por los casos de corrupción que constantemente se presentan. Por ejemplo, el ex gerente de Sedam Huancayo, Wilmer Saturno, días atrás ha sido sentenciado a cuatro años de prisión porque su empresa contrató con Sedam una obra de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y de alcantarillado en el distrito de Orcotuna. El ex funcionario público aprobó dos adendas del contrato, ambas favorables a su empresa. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el agua dulce que abunda en el Perú y que no es procesada termina desperdiciándose en un 2% en la vertiente del Pacífico y 97% en el Atlántico. Huancavelica y Cajamarca son las regiones con mayor pobreza en el país (alrededor del 50% de la población) y son también las regiones con menores conexiones de una red de agua potable: Huancavelica con el 18.7% de su población y Cajamarca 23.6%. Con el agua no se juega. ¿Qué anuncio al respecto hemos oído del presidente Martín Vizcarra?