¡Congreso debe aprobar una nueva ley de promoción agraria ya!

Una de las cosas más inexplicables del actual Legislativo –al lado de denuncias de “mochasueldos” e inconductas de algunos legisladores– es que no se haya aprobado una norma que lo vincule con absoluta claridad con la promoción y el aliento de la inversión privada. Y es inexplicable porque, pese a los yerros acumulados, el actual Legislativo fue uno de los principales protagonistas -al lado de nuestras fuerzas armadas- en detener el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y los proyectos de colectivizar la economía.

Por ejemplo, el gobierno de Castillo aprobó los decretos laborales que prohibían la tercerización laboral, que fomentaban la sindicalización artificial en fábricas, sectores y grupos económicos y el libertinaje en el ejercicio del derecho de huelga. Sin embargo, el Congreso hasta hoy no los ha derogado. En este escenario el 2023 la inversión privada cayó en 7% y he allí –junto a los problemas climáticos– una de las explicaciones de la recesión económica y el aumento de la pobreza del año pasado.

El Legislativo tiene una extraordinaria oportunidad de dejar en claro que la representación nacional sigue alentando la inversión privada de acuerdo con los preceptos constitucionales, mediante la aprobación de una nueva ley de promociones agrarias. ¿Por qué la urgencia y la necesidad de aprobar una norma de este tipo? Desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (ley 27360) en el sector agroexportador se han perdido inversiones en alrededor de 30,000 hectáreas (todo el milagro agroexportador nacional se desarrolla en 250,000 hectáreas) y hasta mayo de este año se registran pérdidas de 80,000 empleos mensuales. Por otro lado, también hasta mayo de este año se registra una caída en las agroexportaciones de 18% en cuanto a número de toneladas. Y, según estas cifras, todavía estaría por verse si las agroexportaciones seguirán creciendo este año.

La ley derogada por el gobierno provisional de Sagasti y la también conducción provisional del Legislativo de Mirtha Vásquez establecía un régimen tributario promocional y sancionaba la flexibilidad en los contratos de trabajo de acuerdo a la estacionalidad agraria (siembra, mantenimiento y cosecha), con el pleno respeto de todos los derechos laborales y sociales. Bajo el amparo de la ley derogada, la Constitución Política y los 22 tratados de libre comercio aprobados por el Perú, se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones, se incrementó el empleo formal de 460,000 –entre directos e indirectos– en el 2004 hasta más de un millón de la actualidad. Igualmente, en las regiones agroexportadoras la pobreza monetaria bajó muy por debajo del casi 30% en promedio nacional (en Ica está en 6% de la población) y los salarios se incrementaron largamente por encima de la remuneración mínima vital. 

Luego de la derogatoria de la Ley 27360 se aprobó una ley que establece un bono especial para el trabajador agrario (BETA), que sancionó un salario por encima del 30% de la remuneración mínima vital, y se fomentó la creación de sindicatos y políticas de negociaciones por rama. Con esta normatividad era evidente que el empleo formal iba a caer –tal como está sucediendo– y las miles de pequeñas empresas que ya formaban parte de la cadena agroexportadora iban a pasar a la extralegalidad. La informalidad laboral ha crecido en 10% y abarca el 90% de los empleos agrarios.

Por todas estas consideraciones el Congreso está en la urgente necesidad de aprobar una nueva ley de promoción agraria que relance las inversiones en agroexportaciones, de tal modo que los peruanos podamos soñar en convertirnos en una de las despensas agrícolas más importantes del planeta. ¡No hay tiempo que perder!