Competencia entre radicales antimineros en Espinar

Desde este portal hemos seguido con atención los sucesos relacionados al conflicto en la provincia cusqueña de Espinar, generado por un sector de la población que, ejerciendo violencia injustificada y en contra de la ley, exigió a la minera Glencor-Tintaya la entrega de un bono solidario de S/ 1,000 a cada comunero, de acuerdo a los padrones electorales. Finalmente, el Estado y la empresa accedieron a la absurda demanda. ¿Por qué? El dinero para los bonos provendrá del fondo social, destinado exclusivamente para obras de infraestructura en educación y salud.

En este portal hemos criticado con extrema dureza el comportamiento de los sectores radicales que inventan leyendas y mentiras para bloquear los proyectos mineros. Si bien consideramos que uno de los principales responsables de las acciones violentas es el Frente de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie) y reprobamos la actitud de sus dirigentes, ha surgido una diferencia entre esta organización social y otras entidades que actúan en la zona; una diferencia que merece subrayarse para comprender la lógica antiminera.

¿A qué vamos? Días atrás el Fudie publicó un comunicado rechazando la intromisión de la organización no gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras y de sus operadores políticos en la zona de Espinar. En el comunicado, el Fudie  denuncia que la mencionada oenegé pretende “utilizar la plataforma de lucha” a favor del Frente Amplio y de sus intereses ideológicos. Es decir, las cosas están tan complicadas, que una organización comunal de orientación radical tiene que desvelar los supuestos objetivos ideológicos y políticos de Derechos Humanos Sin Fronteras. Y no solo eso, en el comunicado se indica que Vidal Merma, uno de los “periodistas” y operadores políticos de las oenegés estaría tratando de apropiarse de las demandas de la población y asumir el liderazgo. Para colmo de males, el comunicado del Fudie también denuncia a Oscar Mollohuanca, ex alcalde provincial y un antiminero ideológico, quien también estaría aprovechándose del momento para lanzar nuevamente su postulación electoral.

El hecho de que una organización territorial social de Espinar –el Fudie, de clara orientación antiminera– denuncie a otras oenegés y activistas antimineros revela que en el sector radical alrededor de las minas ha surgido una competencia feroz por representar las demandas de la población y disputar los liderazgos de cara a las próximas elecciones. Pero también revela que detrás de la propaganda antiminera no hay verdades ni interés de defender a los excluidos, sino solamente intereses ideológicos, políticos y económicos. De lo contrario, ¿cómo se explicaría esta guerra entre sectores antimineros?

La salida al conflicto que ha asumido el Estado en Espinar –el uso del fondo social minero para pagar el bono de solidaridad–, de una u otra manera, ha roto el contrato que ordenaba las responsabilidades entre Estado, empresa y sociedad, y podría generar un “efecto espejo” en los fondos sociales de otros proyectos en el corredor vial del sur. Por ejemplo, algo parecido podría suceder con la empresa Hudbay en Chumbivilcas y Las Bambas en Cotabambas.

Más allá de las diferencias ideológicas e intereses, la acción de los diversos sectores antimineros tiene un efecto práctico: el bloqueo de las inversiones mineras, el aumento de la conflictividad y el alejamiento de nuevas inversiones. Este terrible escenario de competencia radical se produce en medio del abandono del Estado de todas sus responsabilidades en las zonas mineras. Un abandono que también representa una renuncia a la autoridad, a hacer respetar la Constitución y la ley.