¡Ayer fue el Estado empresario! ¡Hoy acabemos con el Estado burocrático!

Antes de los noventa del siglo pasado el Estado empresario conducía alrededor de 200 empresas estatales, produciendo un déficit fiscal de más del 10% del PBI que, finalmente, terminó en una de las hiperinflaciones más devastadoras de la historia, que arrojó a más del 60% de la población debajo de la línea de la pobreza. El Estado empresario era sinónimo de burocracia y sobrerregulación de precios y mercados. 

La hiperinflación dejó al Perú en escombros y las reformas económicas de los noventa aparecieron como la única salida viable. La desregulación de precios y mercados, la privatización de las empresas estatales que creaban déficit y la desregulación de nuestro comercio exterior, se institucionalizaron en el régimen económico de la Constitución de 1993. Luego de esas reformas, el PBI del Perú se cuadruplicó y antes de la pandemia la pobreza llegó a reducirse de 60% de la población a 20% (Luego de Castillo subió a 30%).

Sin embargo, después de las reformas de los noventa las narrativas predominantes de la sociedad, e incluso las campañas electorales de los candidatos presidenciales, se desarrollaron demonizando el modelo económico y a la empresa privada. Por ejemplo, Toledo, García y Humala y Castillo ganaron las elecciones fustigando el modelo neoliberal.

La economía avanzaba en un sentido, pero la cultura y la política parecían desarrollarse por otro. En este contexto, en el Congreso, en los ministerios, en las regiones, los municipios y todas las dependencias estatales, se aprobaron normas y reglamentos para controlar la voracidad del sector empresarial y fiscalizar las iniciativas de la sociedad. La burocracia se empoderó como en los regímenes soviéticos. 

De esta manera se detuvo el capitalismo peruano y se bloquearon inversiones en minería, agroexportaciones, pesca, infraestructuras, turismo y otras actividades.

La burocratización del Estado convirtió al Estado en la principal fuente de pobreza e informalidad en la sociedad. Por ejemplo, según el economista Carlos Adrianzén, la informalidad está tan extendida que en algunas regiones la presión tributaria está entre 1% y 5% del PBI, mientras que en Lima sobrepasa el 40% del PBI. En minería, en las últimas dos décadas, por ejemplo, los trámites administrativos se incrementaron de 12 a 265; en agroexportaciones, se derogó la ley de Promoción Agraria; en pesquería, se incrementó la prohibición de la pesca industrial de la milla 3 a la milla 5, sin ningún impacto en la biomasa de anchoveta (se mantuvo igual). En las regiones y municipios el Estado se convirtió en enemigo de las economías emergentes con sus sobrerregulaciones infinitas y la nula capacidad de proveer de servicios mínimos.

Planteadas las cosas así, es evidente que uno de los temas centrales de las elecciones del 2026 necesariamente debe ser el fin del Estado burocrático que, de una u otra manera, se ha erigido en las últimas dos décadas en contra de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú. En ese sentido, el país necesita una reforma del Estado para construir un Estado pequeño, pero eficiente en la provisión de servicios en seguridad, justicia, educación y salud. Un Estado que en vez de transformarse en el enemigo de los privados sea el acompañante, el promotor y el amigo de la inversión del empresariado y de las iniciativas de la sociedad.

No hay otro camino porque, por ejemplo, a pesar de la burocratización del Estado, el sector privado sigue proveyendo el 80% de los recursos fiscales al Estado y genera más del 80% del empleo en los mercados formales e informales.