Agua potable y saneamiento: el debate continúa

La gestión de las EPS debe pasar a manos privadas

Desde este portal insistimos en que la delegación de facultades otorgada semanas atrás por la mayoría parlamentaria —liderada por el fujimorismo— ha tenido recortes de suma importancia; por ejemplo, el de impedir la entrada de la inversión privada en la gestión del agua potable. Hoy el Estado —a través de las municipalidades— con Sedapal y sus 52 empresas prestadoras de servicio (EPS) ha fracasado y no puede mejorar la  cobertura y calidad del agua potable. Un grave problema que involucra a más de ocho millones peruanos. En todo caso, ¿por qué se debería permitir a las empresas privadas invertir en el sector de agua y saneamiento?

Todos los análisis e informes técnicos serios concluyen que el Estado es el primer culpable de que hoy  millones de peruanos no tengan acceso al agua potable. Así, el Estado ha fracasado. Según un extenso y completo informe basado en evidencia de la asociación Contribuyentes por Respeto, las empresas privadas podrían gestionar con mayor eficiencia la gestión del agua potable y saneamiento. No obstante, una de las principales taras que impiden que  políticos y autoridades locales apuesten a que empresas privadas inviertan en el sector agua y saneamiento es la idea de que el agua no cuesta.

Es cierto que todos los peruanos, según la Constitución, tenemos derecho al acceso del agua. Pero vale recalcar que agua y agua potable son temas distintos. El agua potable es un producto que está sujeto a un proceso (purificado, almacenado y transporte a los hogares). El documento de CpR indica que “no pagamos por el agua per se, sino por dos tipos de servicios: (i) la distribución de agua potable y (ii) el transporte y tratamiento de aguas servidas”. Es decir, tener acceso a una conexión de agua potable y desagüe las 24 horas del día es algo que evidentemente tiene un costo e implica una enorme inversión en infraestructura. Inversión que debe ser llevada a cabo por alguien. 

Todas las 52 EPS que existen a nivel nacional, incluida Sedapal, están declaradas en insolvencia financiera, y la mayoría incumple los estándares mínimos de calidad del agua, cobertura e infraestructura. Hoy ninguna EPS puede autosostenerse sin la ayuda del Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, entre el año 2006 al 2014, las empresas del Estado presentaron un ROA (indicador que mide el nivel solvencia y rentabilidad) promedio de -0.26%, en tanto que su nivel de endeudamiento pasó del 80% al 145%. Si hacemos una comparación con Estados Unidos encontraremos que en el país norteamericano el ROA promedio es de 8% y que se tiene un nivel de endeudamiento promedio de solo 49%.

Se suma al debacle financiero el hecho de que muy pocas EPS han asumido un buen gobierno corporativo y transparente, pilares de la gestión moderna. En el informe de CpR se sostiene que a inicios del 2016 “el 12% de las EPS grandes, el 17% de las medianas y el 40% de las pequeñas no contaban con una página web”. Pero además, el 35% de las EPS grandes, el 33% de las medianas y el 70% de las pequeñas no publicaban sus estados financieros.

Quizá haya llegado el momento de que el debate sobre el agua potable cobre importancia en el país. Este gobierno prometió agua potable para millones de peruanos y debe cumplirlo, y la única opción es que la gestión de las EPS pase a manos privadas.