Agroexportaciones: ¡la violencia del campo a la ciudad!

Luego del evidente fracaso del intento de convertir el 7 de diciembre pasado en una “jornada de protesta nacional” en respaldo al golpe fallido de Pedro Castillo –que se produjo un año atrás–, las fuerzas radicales, colectivistas y comunistas, al parecer, intentan convertir el bloqueo de las principales arterias del país en objetivo central de sus estrategias. El sábado pasado a la altura del kilómetro 263 de la Panamericana Sur, en la región de Ica, en el llamado “Barrio Chino”, hubo bloqueos y violencia que dejaron un saldo de 18 policías heridos y tres manifestantes detenidos.

El Ejecutivo ha destinado más de 1,500 policías para mantener el orden y el derecho al libre tránsito en el mencionado lugar. ¿Por qué el llamado Barrio Chino se ha convertido en un foco de violencia? Al parecer los grupos radicales pretenden bloquear esa zona con objeto de paralizar Ica, la región emblemática en agroexportaciones y con la menor pobreza de todo el país: menos de 6% de la población, no obstante que el promedio nacional es de 27.5%.

Pero no solo se trata de paralizar Ica, sino también de desabastecer a la capital de todos los productos que vienen del sur. El objetivo: generar una sensación de desgobierno y crisis nacional. Algo parecido sucede con la Panamericana Norte a la altura de Chao, provincia de Virú, en la región La Libertad. Los bloqueos en esta zona buscan golpear a las regiones agroexportadoras de La Libertad, Lambayeque y Piura. Los grupos radicales desarrollan semejante estrategia pese a que el Ejecutivo acaba de promulgar un decreto legislativo que incrementa las penas por bloqueos de carreteras hasta a 15 años.

¿Cuál es la estratagema que utiliza el radicalismo para desinformar a los trabajadores con objeto de que se sumen a la violencia? Se señala que se pretende eliminar los derechos laborales de los trabajadores del sector agro exportador y eliminar el Bono Especial para el Trabajador Agrario (BETA). Ante semejante desinformación, vale señalar que en el agro existe un millón de trabajadores formales, contratados con todos los derechos sociales reconocidos en la ley, en tanto que existen más de dos millones de minifundistas (con parcelas de menos de cinco hectáreas) que desarrollan una agricultura informal, familiar y de autosubsistencia.

El avance de la formalización del sector agrario se detuvo luego de que el gobierno provisional-progresista de Francisco Sagasti y la conducción también provisional de Mirtha Vásquez en el Congreso, permitieran la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), precisamente, porque unas decenas de violentistas bloquearon la Panamericana Sur a la altura del Barrio Chino. Se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, con saldo de heridos y muertos. Semejante escenario pretende ser reeditado por el radicalismo de hoy.

Lo más lamentable de la derogatoria de la Ley 27360 es que frenó el milagro agroexportador peruano, promoviendo la guerra de clases en la agricultura moderna, porque estableció la remuneración especial BETA, que implica un salario de un 30% más sobre la remuneración mínima vital. Hay que tener en cuenta que en los costos de producción de las agroexportadoras alrededor del 60% se destina a contratos laborales, es evidente que muchas empresas han entrado en crisis. Por lo pronto, desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, no se conoce una nueva inversión en agroexportaciones.

Por todas estas consideraciones, la actual mayoría del Congreso debería restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria derogada. Es la única manera de relanzar la inversiones en agroexportación. E igualmente el Ejecutivo debería aplicar con firmeza el principio de autoridad para restablecer el Estado de derecho en todas aquellas zonas en donde el radicalismo pretende desatar el caos. La estrategia de las “llamadas tomas de Lima” hoy parece haberse desplazado hacia el campo; es decir, la guerra del campo a la ciudad con objeto de expandir la anarquía nacional.