Y después de la transición a la democracia, ¿qué?

Después de la caída del gobierno autoritario de Fujimori, el país planteó una nueva narrativa, que se traducía en instituciones. Las promesas de nuestra reciente democracia hechas realidad: Ley de Bases de la Descentralización, Ley de Partidos Políticos, Acuerdo Nacional y Plan Bicentenario. 

Después de 16 años, ¿qué podemos decir de aquella narrativa y de dichas instituciones? Que si bien se avanzó en dar un entramado institucional al país, no se llegó a darle el reimpulso necesario para su fortalecimiento, como sí vimos en países como España y Chile. Con aciertos y errores, lograron dar reimpulsos significativos a las instituciones que encierran conflicto de intereses.

La descentralización. Si bien llevamos cinco elecciones a nivel subnacional, no se ha llegado a fortalecer los mecanismos de fiscalización. Allí tenemos a César Álvarez, encarcelado por formar una mafia desde el gobierno regional en Áncash. También tenemos a Félix Moreno del Callao y Jorge Acurio de Cusco, ambos encarcelados. Debe darse una lucha frontal contra la corrupción e incentivos para una gestión transparente. 

La ley de partidos. Si bien por primera vez en nuestra historia política contábamos con una ley que regule la actividad partidaria, esta necesita pensarse a raíz de los límites que ha tenido la participación de los candidatos independientes en las cuatro elecciones que han pasado. Financiamiento es una de ellos, transparencia en los mecanismos de democracia interna es otro, dejar los legalismos es un tercero, para saber si existe una real vida política de los partidos. Hay que dar paso protagónico a los órganos de control y fiscalización, como el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, con participación del Reniec.

El Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario. Estos dos órganos, que son las principales directrices de la descentralización, no han dado impulsos para repensar la formación de funcionarios y servidores públicos permanentes. Asimismo, no se ha pensado aún en una articulación macrorregional. Las mancomunidades son un buen avance porque se articulan proyectos macrorregionales, pero son apenas una pieza dentro del entramado mayor del rompecabezas de la descentralización. Vale decir, debe dejarse de ver como una secretaría para ser un órgano autónomo. 

Por otro lado, desde la transición a la democracia, hay un tema aún no superado, aún no resuelto: el sentimiento del “anti”. Si en el siglo XX teníamos el antiaprismo como una especie de identidad política que unía tanto a la oligarquía como a los comunistas, militares e Iglesia para enfrentar al Apra; post-noventa tenemos (sumado al antiaprismo) al antifujimorismo, el cual aglutina a cierta parte de la derecha, a organizaciones socialdemócratas y a la izquierda. 

¿Eso está bien? Claro que no lo está; en democracia debería prevalecer la tolerancia. Pero seamos realistas. Para poner dos ejemplos, ni en España postdictadura franquista, ni en Chile postdictadura pinochetista, el “anti” ha sido superado. De cuando en cuando, y generalmente en el marco de elecciones, este suele aparecer. Para el caso peruano, con el indulto humanitario que realizó el gobierno de Kuczynski no hizo más que avivar (después de elecciones) el sentimiento antifujimorista. 

Dicho esto, ¿habrá reconciliación? Con los actores políticos que fueron afectados por el gobierno autoritario fujimorista, no lo creo. Muy difícil. Podrá haber acuerdos (o coincidencias) parlamentarias, pero seguirá prevaleciendo el antifujimorismo. Es más rentable políticamente, dado que la democracia también es competencia.

¿De dónde partimos, entonces, para la reconciliación? Mínimamente, del reconocimiento de la participación en elecciones. Desde el encuentro electoral (aunque hostil) con el fujimorismo, podría a largo plazo irse apaciguando el anti y el fujimorismo irse adecuando aún más a los marcos democráticos.