¿Y ahora quién tiene la razón?

Contralor solo realizó la labor que le exige la Constitución

Esta última semana la opinión pública ha sido testigo de una inusual andanada de acusaciones de los principales voceros oficialistas en contra del contralor general de la República, Edgard Alarcón. No se ha dudado en solicitar —a la mayoría parlamentaria— su destitución, luego de que el contralor denunciara la ilegalidad de la adenda que este gobierno aprobó en favor de Kuntur Wasi para la construcción del Aeropuerto de Chinchero, en el Cusco.

Como es de conocimiento público, los artículos de dicha adenda fueron a todas luces lesivos para los intereses del Estado, por lo que la renuncia de Martín Vizcarra al cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones debió servir de corolario. Y dar paso a la búsqueda de nuevas alternativas que lleven a buen puerto la ejecución de una obra largamente anhelada por el pueblo cusqueño.

Sin embargo, preocupa que dicha medida haya sido motivo para que se abran nuevas brechas y graves desencuentros entre el Poder Ejecutivo y la mayoría del Congreso que, en el ejercicio de su labor fiscalizadora fijada por la Constitución, ha interpelado al mencionado ministro, prolongando la parálisis económica del país.

Recordemos que un alto porcentaje de peruanos optó por darle mayoría en el Congreso a Keiko Fujimori en primera vuelta, así como un triunfo —ajustadísimo— en segunda vuelta a Pedro Pablo Kuczynski, con la ilusión que ambos grupos políticos —con similares programas económicos— gobernaran armónicamente en beneficio del pueblo que los eligió. Ello lamentablemente no ha sucedido, por el contrario, la anhelada armonía se ha vuelto un constante enfrentamiento.

Recordemos durante la pésima gestión de Ollanta Humala el Perú se desarrolló con timón automático gracias a que había grandes proyectos mineros en cartera, baja deuda interna y externa, inflación controlada, y considerable reserva monetaria; pero sobre todo, por la confianza de los inversionistas en la estabilidad económica de nuestro país. Todo ello ha quedado paralizado debido a la falta de voluntad política del actual gobierno y de la mayoría del Congreso para llegar a un acuerdo que permita la gobernabilidad del país.

Que los voceros del Poder Ejecutivo acusen de irregularidades al contralor general de la República, después que dicho funcionario declarara ilegal la adenda del contrato de Kuntur Wasi, resulta infantil y hasta irresponsable. Especialmente dada la importante función que al Ejecutivo le compete en la reconstrucción de las zonas afectadas por El Niño costero y a las dificultades que confronta un país en receso. Consideramos que, independientemente del excesivo protagonismo del actual contralor, en este caso él solo realizó la función que la Constitución exige a la Contraloría. Si hay irregularidades en su gestión, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben ser las instancias para investigar y sancionar.

Por otro lado, las tareas asignadas por la Constitución a los Poderes del Estado son muy claras. El Ejecutivo tiene que gobernar, manejando en forma transparente los recursos del Estado; el Congreso, fiscalizar el manejo de dichos recursos y legislar para que el país avance; el Poder Judicial, administrar justicia y ejercer sanciones, si se incumple dicho mandato, sobre todo por actos de corrupción; y la Contraloría, asegurar la transparencia de los procesos desarrollados por las diferentes instituciones del Estado en su accionar. Por ello, es importante para la opinión pública observar que cada quien cumpla con sus obligaciones. Los medios de comunicación están obligados y son los llamados a informar sobre cualquier irregularidad que se cometa. Así de simple. Nada más.

Carlos Arnillas Denegri