¡Una nueva ley para la minería artesanal!

La única alternativa que podría solucionar la “cuestión” de la minería artesanal y en vías de formalización es el desarrollo de una nueva ley de minería (Ley MAPE) para este sector. No obstante que existe una comunión en diversos sectores con respecto a semejante conclusión, la ley no llega y todo indica que no llegará.

Ahora bien, existe una mirada punitiva hacia la minería artesanal y en vías de formalización que no se condice con la realidad. Si bien es cierto que los ilegales se han aprovechado de algunas ventanas de oportunidad que la propia normativa les ha dado (la laxitud del Reinfo, por ejemplo) no toda la minería artesanal es ilegal. Es más, muchas veces los propios mineros artesanales y en vías de formalización son víctimas de los ilegales y la criminalidad. 

La mirada punitiva debe solucionar el problema de la minería ilegal, pero no solucionará las demandas del minero artesanal ni del minero que está en vías de formalización. Por el contrario. No se puede criminalizar al pequeño artesano ni al minero informal. La solución a la minería artesanal y en vías de formalización es integral y bajo una mirada social y económica. No es absolutamente punitiva. Pero, ¿cómo empezamos?

Quizá una primera posición es hacer una registro técnico y real de los mineros artesanales, un mundo complejo vale decirlo. No está en la misma condición el que tiene la propiedad de la concesión, como el que renta y construye el socavón, como el cachorrero. Por eso digo que se necesita un diagnóstico preciso pero a la vez técnico. Se calcula que más del 60% de los mineros registrados en el Reinfo son trabajadores que van donde está la “veta” y se mueven de manera permanente. ¿Cómo vas a pedirles un contrato de concesión a estos mineros “en movimiento”?

Lo otro es localizar las regiones. Si bien hay minería artesanal en todas las regiones del Perú, se sabe que las labores se centran en Arequipa, Madre de Dios, La Libertad, Puno y Apurímac. Por tanto, se necesita proyectos o estrategias muy focalizadas. 

Una tercera es que necesitamos un ente rector que se encargue de todo el proceso. Esta institución deberá ser eminentemente técnica y con soporte especializado. Quizá el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico pueda ser el encargado del proceso. Así, debemos quitarle la responsabilidad de evaluación y fiscalización a los Gobiernos Regionales que hasta ahora son parte del problema y no la solución. 

Otro elemento esencial es el uso de explosivos. La tramitomanía y enmarañada red de permisos heredados desde los tiempos de la lucha antisubversiva son un aliciente perfecto para la proliferación de un mercado negro. Es más fácil y rápido comprar explosivos en el mercado negro que obtener los permisos. 

Todas estas ideas son parte de la solución. Al final y al cabo son discutibles. Lo que no podemos es dejar de solucionar el problema, porque así los legalicen seguirán haciendo minería, produciendo oro y vendiendo a un mercado con una alta demanda.