Una grave omisión del alcalde

Un acierto del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, es haber convocado a los 36 parlamentarios elegidos en el distrito electoral de Lima Metropolitana, haciéndoles recordar que la vida diaria de nuestra ciudad ha discurrido durante las últimas décadas como si los ciudadanos de la capital no tuviéramos representación. De hecho, no existe ninguna iniciativa legislativa de grueso calibre sobre una ciudad que requiere una agenda legislativa propia en diversos ámbitos, a nivel institucional, económico y urbano.

A la fecha se han producido dos reuniones, habiéndose acordado en la última una agenda legislativa que permita un mejor desarrollo de la capital. Las iniciativas más importantes que el alcalde ha planteado son el aumento del presupuesto de la Municipalidad de Lima y una ley que permita a la comuna de la capital tener una representación en el directorio de Sedapal. Ya veremos si los parlamentarios cumplen con una demanda para que la ciudad tenga una representación en la empresa de agua y alcantarillado.

Recordemos que, en el periodo congresal anterior Alberto Beingolea, entonces parlamentario del PPC, planteó un proyecto para hacer realidad esta demanda, pero fue rechazado abrumadoramente por los parlamentarios de la Comisión de Vivienda y Construcción. A la fecha, la voluntad de casi todos los partidos es que Sedapal se mantenga bajo el dominio exclusivo del Poder Ejecutivo, con las consecuencias que todos sabemos. La empresa de agua y desagüe es una empresa pública, pero de derecho privado. Y es cierto que por lo menos el 75% de las actividades de Sedapal han sido tercerizadas, pero a empresas de pésima calidad.

Sin embargo, el alcalde de Lima ha cometido una grave omisión en las dos reuniones sostenidas con los parlamentarios de la capital. No ha reclamado ni invocado a la representación parlamentaria las razones por las que el Poder Ejecutivo viene incumpliendo con la transferencia de 185 funciones que ya han sido transferidas a todos los gobiernos regionales, y que no han sido entregadas a la Municipalidad de Lima. Más aún, tiene plena vigencia el Decreto Supremo Nº044-2011-PCM, publicado hace ocho, en el que la PCM dispone que todos los ministerios cumplan con transferir todas las competencias a la comuna metropolitana, por tener competencias de región de acuerdo a ley y a la Constitución. Los parlamentarios de Lima, en uso de sus atribuciones, bien podrían demandar el primer ministro y al propio presidente de la República que por lo menos dé explicaciones sobre este grave incumplimiento de las propias disposiciones del Ejecutivo.

Lo curioso es que el alcalde de Lima ha olvidado el Plan de Gobierno Municipal presentado a las elecciones por parte de Acción Popular. El referido plan propone que se realicen esas transferencias, por ejemplo, en el caso de los hospitales y la educación básica, primaria y secundaria. En algunas de esas funciones, si bien pueden ser compartidas por el Gobierno nacional, la administración directa le corresponde a la comuna metropolitana.

Es bueno precisar que de manera taxativa el artículo 198 de la Constitución, la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señalan que, al tener la Municipalidad de Lima competencias de región, todas aquellas funciones que son transferidas a los otros gobiernos regionales deben ser entregadas también a la gestión metropolitana. Por esa misma razón, cuando los legisladores aprobaron la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales, en el año 2002, determinaron que una de los primeros mandatos que debía cumplir el Concejo Metropolitano era aprobar el Estatuto de Lima, en el entendido que se requería una reingeniería institucional de la gestión capitalina, precisamente para recibir y conducir 185 funciones, de las cuales 160 aún permanecen en el Gobierno nacional. Sin embargo, este es un mandato que no se ha cumplido.

Surgen aquí, entonces, las siguientes preguntas: ¿Qué estará pensando el alcalde de Lima y su equipo de gobierno? ¿Repetir el mismo comportamiento que tuvieron los alcaldes Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán, al desentenderse de este mandato de las leyes de la República y la propia Constitución? ¿El alcalde de Lima reducirá su actuación casi rogándole al Poder Ejecutivo que le de recursos para hacer unas cuantas obras o tendrá la voluntad de ejercer el poder que las leyes le confieren en materias de salud, educación, trabajo, cultura, promoción económica, turismo y otros ámbitos? Por ahora, en el Concejo Metropolitano y en las propias declaraciones del burgomaestre capitalino no asoma ninguna posición al respecto, como olvidándose precisamente del propio Plan de Gobierno, con el cual llegó a la alcaldía de Lima.

El alcalde de Lima debiera entender que, incluso, la demanda de mayor presupuesto, que acertadamente propone al Ejecutivo, tendría mayor asidero para la gestión metropolitana que quiere asumir sus competencias de región, de acuerdo a ley, y no reducirse a una comuna que en un 80% reduce su accionar al Cercado de Lima, más allá de las obras que realiza a través de EMAPE, la gestión de los parques zonales y otros reducidos ámbitos de gestión. Y es en ese contexto donde tendría sentido proponer a los parlamentarios de Lima debatir un proyecto de ley que cree el Canon Capital para, por lo menos, triplicar el presupuesto metropolitano. Es lo que le corresponde a una ciudad que genera el 49% de la renta nacional: la primera ciudad en materia productiva, tal como lo ha demostrado estadísticamente el economista Richard Webb.

La iniciativa del alcalde de Lima de buscar una coalición con los 36 parlamentarios de Lima es acertada, pero tengo la impresión de que le falta mayor vuelo, mayor ambición y visión. La ciudad capital merece un mejor trato, en correspondencia con lo que produce, genera y por ser la capital de república que reúne a un tercio de la población del país. De hecho, otras ciudades como Bogotá, Quito, Santiago de Chile y Buenos Aires nos llevan la delantera.