¿Toledo perseguido político?

Sobre el caso Ecoteva, Toledo y la lentitud del sistema de justicia

Una de las razones que explican el descrédito de las instituciones y de la política es la percepción ciudadana, o mejor dicho la casi certeza ciudadana, de que la corrupción NO paga cuando quienes incurren en ella tiene apoyo del poder político. He ahí la importancia de que el principal aliado del gobierno, ex presidente Alejandro Toledo, respete y se someta a las investigaciones dirigidas a esclarecer el caso Ecoteva.

Es necesario que el sistema de justicia demuestre en los hechos que no existe ánimo de cubrir de impunidad a nadie. Esto no supone que el señor Toledo tenga que ser hallado culpable como sea, sino que el sistema de justicia cumpla su trabajo con la corrección e imparcialidad que las circunstancias demandan. Las dudas al respecto se explican en el hecho de que han transcurrido casi tres años desde que se denunció el caso Ecoteva y las indagaciones avanzan a paso extrañamente lento. Es más, la acusación fiscal ha sido devuelta tres veces.

¿Cómo explicar que no se haya construido una acusación fiscal sólida existiendo abundantes indicios razonables que hacen presumir fundadamente que el señor Toledo estaría involucrado en las compras millonarias realizadas por su suegra en el Perú? ¿Cómo explicar que los jueces, teniendo la potestad de ampliar la investigación fiscal, hayan preferido devolver el expediente en una suerte de ping-pong?

A Toledo le asiste la presunción de inocencia, pero hay razones de sobra para que sea investigado. Por ejemplo, él creó la empresa Ecoteva y mintió en su momento diciendo que él no tenía nada que ver en ello. También está claro que los esposos Toledo-Karp eligieron y negociaron la compra de la mansión de Las Casuarinas y la oficina del exclusivo edificio Omega, según sus gustos y preferencias. Se sabe inclusive que la oficina ya había sido amoblada y decorada, pero apenas se denunció la presunta compra dolosa fue dejada vacía.

Se sabe además que el dinero de Ecoteva fue transferido desde una cuenta matriz registrada en un banco de Londres en el que se habrían depositado dineros cuya procedencia ha sido puesta en entredicho.

Mientras tanto, Alejandro Toledo parece haber optado por la estrategia de politizar un caso estrictamente fiscal y judicial, al declarar a la cadena Univisión que la acusación fiscal formulada ayer estaría digitada para impedir que sea candidato presidencial el 2016. ¿Alguien podría creer semejante aseveración cuando no hay un solo hecho que la sustente?

Al contrario, resulta sorprendente que justo el día que el fiscal debía presentar la acusación, salió desde el círculo íntimo de Palacio de Gobierno una cortina de humo dirigida a tapar el caso Ecoteva, bajo la forma de acusación contra el esposo de Keiko Fujimori. ¿Casualidad?

Pero el peor enemigo de Toledo es Toledo. Así lo acaba de confirmar en la entrevista con Univisión, al volver a faltar a la verdad. Afirmó que paga mensualmente su casa de la urbanización Camacho y su “casita” de Puntal Sal, cuando las hipotecas de ambas propiedades fueron canceladas con el dinero de Ecoteva. ¿Alguien se sorprende?

La acusación fiscal está planteada. Ahora el Poder Judicial debe dejar el ping-pong a un lado, ajustarse los pantalones y resolver con claridad si abre instrucción a los esposos Toledo-Karp. Nadie pide se que se les declare culpables ya, sino que se haga una investigación imparcial y justa, nada más que eso.

Una investigación que revele la ruta completa del dinero que llegó a las cuentas de Ecoteva y el origen del mismo; y que esclarezca por qué Toledo mintió y trató a toda costa de ocultar su participación en las compras de los inmuebles mencionados. El Poder Judicial tiene en este caso una gran oportunidad para demostrarle al país que no todo en nuestro sistema de justicia está atravesado por la corrupción.

Por Víctor Robles Sosa

21 – Jul – 2015