Jose Azalde
Todo lo que se tiene que saber sobre la Argentina de Milei
Explicaciones detalladas de la Ley Ómnibus y del DNU
¿Qué es la Ley Ómnibus?
Conocido como “Ley Ómnibus”, pero denominado como “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. Es un conjunto de proyectos (351 páginas que tienen más de 664 artículos) que será tratado en el Congreso durante el periodo de sesiones extraordinarias.
De alguna forma imita lo que en su momento ocurrió en el gobierno de Carlos Saúl Menem, quien en los primeros meses de su gobierno envió la Ley de Reforma del Estado que posibilitó la privatización de empresas públicas y la desregulación de la economía.
Entre las principales medidas que tienen la “Ley Ómnibus” se encuentran: privatizaciones (Banco Nación, TV Pública, AYSA, trenes, Aerolíneas Argentinas, YPF, ARSAT, puertos, centrales atómicas, corredores viales, etc.), aumento de penas, reforma del régimen jubilatorio, reforma educativa (educación arancelada para ciudadanos extranjeros no residentes, modificación con respecto al ingreso y financiamiento), reforma política (derogar las elecciones primarias, implementación de boleta única),cultura, desregulación de la economía, medio ambiente, etc.
El problema para la aprobación de la Ley Ómnibus es político: se tiene que establecer la correlación de fuerza políticas (legisladores oficialistas, legisladores no oficialistas que podrían votar con el oficialismo o también denominada la oposición amigable, legisladores no oficialistas con los cuales no es posible ningún tipo de negociación) y medir el timing político (la naturaleza del debate parlamentario hace imposible la aprobación de más de 600 artículos en menos de un mes, ¡por parte de las dos Cámaras!). También alegan algunos parlamentarios que la ley hace referencia a diversas normas que no existen. También existen amplios consensos en determinadas medidas que se consideran necesarias como la “desregulación económica”, pero no así con respecto a las privatizaciones (dos empresas que han sido materia de discusión pública en las últimas semanas son Aerolíneas Argentinas e YPF).
Hoy 22 de enero de 2024, el gobierno mediante una negociación con los sectores dialogantes del Congreso, presentó cambios a la “Ley Ómnibus”. Dentro de las principales novedades se encuentra: reducción del plazo de delegación de facultades legislativas, ajuste jubilatorio de acuerdo con la inflación mensual, exclusión de YPF de la lista de empresas a ser privatizadas, privatización parcial (con control del Estado mediante sociedades mixtas) del sector de energía nuclear, Banco Nación y ARSAT, etc. Se retiró de la norma (se tratará en sesiones ordinarias) temas como salud mental, cambios a la ley de sociedades, justicia (eliminación del juicio por jurados), cultura (se mantiene el Fondo Nacional de las Artes y los fondos para el INCAA-Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y reforma electoral.
¿Qué es el DNU?
Los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) son potestades que se otorgan al Poder Ejecutivo con la finalidad de legislar en situaciones extraordinarias. El criterio para su utilización es el tiempo: ante la urgencia y el tiempo que tarda el procedimiento legislativo regular, el presidente puede adoptar medidas inmediatas. Para que el DNU deje de tener vigencia y sea derogado, debe ser rechazado por ambas cámaras legislativas. Si una lo aprueba y la otra lo rechaza o no lo trata, el DNU es válido y tiene vigencia. En el caso del DNU presentado por Javier Milei, su articulado va dirigido a la desregulación de la economía mediante la derogación de determinadas normas (Ley de Alquileres, Góndolas, Compre Nacional, Abastecimiento, regulación sobre derechos laborales).
Los límites que tienen los DNU se encuentran relacionados a los ámbitos en los cuales interviene: no puede usarse DNU para legislar sobre cuestiones tributarias, electorales o penales. Tienen una vigencia temporal ya que posteriormente deben ser aprobadas por el Congreso. En caso de que el mismo no las ratifique, pierden validez. Los DNU puede ser susceptibles de control judicial (examinar la constitucionalidad de estos y si, como ocurrió en anteriores casos, el decreto reviste realmente el carácter de urgencia): ello ocurrió con respecto a la reforma laboral, ya que la Cámara del Trabajo suspendió la misma (capítulo IV del DNU 70/23).
El DNU 70/2023 rige desde el 29 de diciembre del 2023(8 días después de su publicación en el Boletín Oficial) y modifica, sustituye o deroga más de 100 leyes y decretos. Al día de hoy, se han modificado algunos artículos del DNU como los relacionados a las recetas médicas (*) (obligación del médico de registrar el nombre genérico en la receta y la opción de parte del farmacéutico de sustituirla por una más económica) y medicamentos de venta libre (sólo serán de venta libre fuera de las farmacias los antiácidos y analgésicos). También algunas iniciativas fueron bloqueadas a nivel de la justicia (como el capítulo laboral). En el caso de las demandas de amparo, los efectos son inter partes (para quienes presenten el recurso). La forma para que el DNU sea declarado inválido es estableciendo su inconstitucionalidad. La Corte Suprema puede hacerlo, pero en este momento se encuentra el feria judicial(**).
El DNU debe pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. La Comisión, en este momento, no se encuentra conformada. Es más, el plazo para su conformación venció. En ese sentido, el DNU ya puede ser debatido en las Cámaras Legislativas. Parece que la estrategia de la oposición es que, al pasar a las Cámaras, se pueda discutir ley por ley (principalmente en lo relacionado a temas laborales y empresas del Estado). El gobierno, mientras tanto, estaría apostando todo a la aprobación de la Ley Ómnibus dilatando el debate sobre el DNU.
* Implicó el pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina y 48 entidades médicas.
* La feria judicial es el periodo de vacaciones anuales (dos veces al año), lapso durante el cual, los órganos del Poder Judicial entran en receso y solo atienden casos en los cuales la demora injustificada pueda generar un grave perjuicio a los interesados o al sistema de justicia.
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